LA amnesia o la simple ignorancia resultan inaceptables si la padecen quienes lideran un país desde sus instituciones representativas; mucho más, cuando afecta al conocimiento de los grandes objetivos y principios consensuados en la Constitución. Ésta debería implantarse como principal asignatura y condición inexcusable para el ejercicio de la actividad política. Porque las hemerotecas están llenas de declaraciones de responsables públicos que hacen gala de un insoportable analfabetismo constitucional; aunque quizás no sea sino el envoltorio habitual del sectarismo ideológico.

Hay una evidencia clara de lo anterior en la actitud fuertemente crítica que están adoptando algunos altavoces del Gobierno y el partido que lo sustenta, contra la legitimidad democrática y los métodos de participación ciudadana de movimientos sociales que están consiguiendo el protagonismo que antes tenían los actores tradicionales de la política. Ciertamente los partidos han actuado siempre como catalizadores de las demandas sociales, a través de su articulación y canalización hacia las instituciones representativas. Este circuito de imputación de reivindicaciones sociales y respuestas institucionales ha funcionado -y seguirá funcionando pese a todo- como la regla básica de funcionamiento de una democracia.

La historia, antigua y más reciente, de los sistemas políticos contemporáneos pone de relieve que una buena parte de esas exigencias que proceden de la sociedad, es decir, en realidad, de los grupos, colectivos y asociaciones que la componen, terminan siendo recuperadas e incorporadas a los catálogos de derechos que se proclaman en sus textos constitucionales.

Con esta lógica hemos progresado en derechos y libertades a lo largo de dos últimos siglos; desde la espontaneidad y el legítimo radicalismo de quienes quieren cambiar el sistema a la moderación normativa y política de los que asumen su dirección desde el Estado. En efecto, una rápida observación de la Declaración de derechos que se consagra en nuestra Constitución basta y sobra para reconocer el verdadero origen de las cosas. Se vislumbra sin dificultad en la conquista por el proletariado de su dignidad, en forma de derechos laborales y sindicales frente a la ferocidad de un capitalismo primitivo; está presente también en el feminismo que lucha por la igualdad de la mujer en todos los ámbitos; surge desde algunas de las revolucionarias utopías de mayo del 68 a la preocupación global por la defensa del medioambiente. Los espacios donde se ganaron no eran los parlamentos, sino las fábricas, la calle o las barricadas de Paris.

Todo este conjunto de deseos y esperanzas se encuentra finalmente tasado en forma de derechos constitucionales; derechos que pueden ser exigidos por los ciudadanos, primero a través de las instituciones propias de la democracia representativas, pero también, por supuesto, a través de la acción de los grupos que los representan, que no tienen por qué ser siempre y necesariamente los partidos tradicionales. Al contrario, junto a éstos, y como complemento indispensable de una auténtica democracia, es preciso que se desarrollen movimientos sociales que impulsen la renovación de los programas políticos que luego serán sometidos a la evaluación electoral.

Los problemas aparecen cuando algunos se empeñan en reducir la democracia a su mínima expresión, olvidándose de que la misma Constitución otorga derechos con los que los españoles pueden manifestar libremente su descontento contra quienes incumplen de manera sistemática y completa sus promesas electorales, libertades fundamentales para reclamar otros derechos igualmente fundamentales para la sociedad, y principios vinculantes que deberían obligar a los poderes públicos en el compromiso de una igualdad real y efectiva.

Es cierto que apenas se incluyeron en nuestra norma fundamental procedimientos de democracia directa; desde luego con la actual crisis institucional la creación de instrumentos de participación ciudadana debería estar ya en la agenda de una posible reforma constitucional. Porque una parte significativa de nuestra actual clase política, la que presume por ahora de mayorías absolutas, no ha entendido aún que una democracia no se resume en el gesto de votar. Deberían intentar reflexionar sobre el significado de unas palabras que en el Preámbulo de nuestra Constitución sintetizaban el fin último y necesario que aquélla perseguía: una sociedad democrática avanzada.