Disensos

Editorial

04 de septiembre 2008 - 01:00

LA instalación de videocámaras en Nervión y Sevilla Este contra la prostitución ha sido una de las medidas incluidas por la Alcaldía este verano en su ofensiva de imagen, pero ahora resulta que, según Torrijos, Monteseirín sólo ha "hipotetizado" al respecto, ya que el plan nunca fue aprobado en el gobierno municipal y se ha limitado, por tanto, a un desiderátum unilateral del Grupo Socialista. En poco más de un año, es la tercera vez que IU veta u obliga a redefinir proyectos que el alcalde anuncia en principio como de todo el Ayuntamiento y que luego ha de echar al saco del olvido o adaptarlos a las exigencias de su socio minoritario: la ampliación del tranvía, las videocámaras de vigilancia para el comercio del centro y, ahora, las videocámaras contra la prostitución. El veto de Torrijos a la iniciativa de Monteseirín supone, por una parte, una reafirmación del poder de IU, que recuerda así que es quien posee la llave de la gobernación de la ciudad, y, como reverso, contribuye a debilitar la autoridad del alcalde ante la opinión pública en una etapa donde justamente el primer edil trata de que se visualice que es quien marca el rumbo de la política municipal. Con el precedente de la oposición de IU a las cámaras en el centro, era esperable que Torrijos, por pura coherencia, se opusiera a una iniciativa similar, aunque tuviera otra finalidad. Suponemos que el alcalde habrá evaluado si era menos perjudicial políticamente para él tensar la cuerda con su socio de gobierno para descargar en Torrijos la responsabilidad de que no haya finalmente videocámaras o, por contra, dar munición al PP en su permanente mensaje de que Monteseirín está preso de los minoritarios de IU. Política al margen, la cuestión tiene demasiadas aristas. Probablemente la videocámaras habrían tenido un efecto disuasorio y beneficiado a los vecinos que ahora sufren el problema, como estima el PSOE, pero verosímilmente se habría trasladado a otra zona y recaído sobre otros vecinos de la ciudad, como cree IU. Las diferencias de criterio, empero, no deberían bloquear toda acción, sino estimular un plan integral por consenso en el que también se recogieran las aportaciones del PP.

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