EL acuerdo que los dos grandes partidos, PSOE y PP, han alcanzado para reformar la Constitución sería bienvenido con algunas dudas de no haber estado precedido por la improvisación del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y por la falta de explicaciones convincentes sobre sus causas. Aunque éstas son de suponer -se trata de una respuesta a los requerimientos del Banco Central Europeo, que lleva todo el mes de agosto comprando deuda española-, falta que Rodríguez Zapatero explique con detalle cuáles son las razones que le han llevado a promover en menos de una semana una reforma constitucional de este calado, la segunda que se produce desde la aprobación de la Carta Magna. Hay que recordar que el presidente inició su mandato con la intención de reformar la Constitución, y para ello solicitó al Consejo de Estado un dictamen sobre cuatro asuntos: igualdad del hombre y la mujer en la sucesión de la Corona, integración de España en la construcción europea, denominación de las comunidades autónomas y reforma del Senado. Ése hubiera sido el camino deseable: informe del Consejo de Estado y debate prolongado entre las fuerzas políticas, y éstas con la sociedad. Esto no se ha cumplido. El redactado final salva en parte este mal partir: el artículo 135 de la Constitución fija que los límites de déficit y deuda sólo podrán superarse en escenarios excepcionales, y se remite a una ley orgánica para fijar las cifras. Así, según lo pactado, en 2020, el déficit del conjunto del Estado no podrá sobrepasar el 0,26% del PIB; el de las comunidades, el 0,14%, y el de los municipios, será cero. Los porcentajes, además, serán revisables en 2015 y 2018. En condiciones normales, habría que aplaudir que España adoptase, a partir de ahora, una disciplina fiscal incluida en esos términos genéricos en la Constitución. Ahora bien, si el objeto, tal como se supone, es calmar a los mercados, y éstos siguen sin confiar en España por esas generalidades, cabe preguntarse para qué va a servir esta reforma mal explicada.