EL tropel de informaciones en torno al supuesto proceso que llevaría a ETA al abandono de la lucha armada y al modo en que este final se produciría aconsejan mantener los niveles de escepticismo bastante altos. Hay que indicar que fue el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien, de modo irresponsable, situó el proceso de paz como uno de los motivos de su último cambio de ministros y de la elevación del responsable de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, al cargo de vicepresidente primero. También es cierto que dirigentes del PP, como su portavoz, Esteban González Pons, han declarado de un modo tan poco serio que si el Gobierno no está negociando con ETA, "lo parece". Una de las lecciones que dejó la última tregua de ETA, la que se abortó con el atentado de Barajas, es que cualquier proceso de este tipo necesita de la complicidad de los dos grandes partidos españoles, PSOE y PP. Sin su coordinación y conjunción de intereses no será posible andar un paso más. Los avances antiterroristas de los últimos años se han producido bajo esa premisa: si ahora el PP está siendo informado de las líneas básicas de actuación del Gobierno, antes, el PSOE apoyó los cambios legislativos que Aznar impulsó para sacar a Batasuna de las instituciones. Ambos partidos cometerían un tremendo error si sólo entienden este proceso en clave electoral. Si el PSOE cree que el fin de ETA le puede salvar unas perspectivas electorales francamente malas, se dejará llevar por unas prisas que serán la antesala del error; pero si desde el PP se atiza la confusión para impedir que Zapatero obtenga algún tipo de ventaja por este asunto, incurrirá en una frivolidad en un asunto de Estado que podría costarle muy caro si se evidencia su afán obstruccionista. Dicho esto, el Gobierno debe afrontar este proceso con absoluto escepticismo. El Estado español ya ha dado demasiadas muestras de generosidad hacia el mundo de ETA para que abandone las armas. Corresponde a la banda dar su último paso sin condiciones, y ya no hay lugar para la negociación política. Y, por lo que respecta a Batasuna, sólo una ruptura política con la banda terrorista, o el fin de esta última, posibilitaría su legalización. Pero sin prisas, el país lleva 40 años esperando el final de ETA.