Vellocino. Así llamó la dirección de Abengoa al contrato anunciado en agosto con un grupo de acreedores y el Gobierno central. El sustantivo forma parte del Diccionario de la RAE, que remite a vellón: conjunto de la lana de un carnero u oveja que se esquila.

Y, ciertamente, si uno analiza lo que pretende este tercer rescate es justamente eso: esquilar Abengoa. Pero con un sentido contrario al que se hace con el ganado. En vez de sacar partido económico del pelo ovino, aquí se trata de desechar lo que les sobra para quedarse con lo mejor de Abengoa: talento, activos, patentes... Eso supone marginar a acreedores a los que la matriz del grupo aún adeuda 152,7 millones de euros, muchos de ellos andaluces. Y por supuesto a los accionistas. Porque el Vellocino sólo persigue liquidar la matriz, una vez separada ésta del grupo, que todavía tiene valor (mucho más del que se dice) y un futuro prometedor en el contexto de una recuperación económica basada en fortísimas inversiones (con fondos europeos) para luchar contra el cambio climático y lograr la digitalización de la economía. Lo primero que cabría preguntarse si eso es legal. A las familias fundadoras de Abengoa, con Felipe Benjumea a la cabeza, les parece que no. Y por eso se han querellado contra la dirección de la compañía que diseñó las tres reestructuraciones de Abengoa desde que en 2016 levantó el primer preconcurso que presentó. Lo hicieron en junio, tras conocer las líneas básicas de esta tercera reestructuración, que ya pusieron negro sobre blanco en agosto. Estaba cantado que la situación que vive Abengoa acabaría en el ámbito penal. Muchos accionistas individuales se están adhiriendo a esa querella, que señala indicios de tres delitos: alteración del mercado por ocultar información por los administradores de una sociedad cotizada, denegación de información a un socio de la compañía e imposición de acuerdos lesivos para la sociedad y los accionistas minoritarios. Si todo esto no se ha consumado ya es porque la Junta de Andalucía se negó. Y ello permitió luchar a los propietarios sindicados en Abengoshares, que no cejan, unidos, en su empeño de evitar el alzamiento y el deterioro del grupo.

Y ahí surge el mayor de los interrogantes: ¿cómo es posible que el Gobierno central sea cómplice, como el mayor financiador del tercer rescate, o que niguna autoridad haga nada -en especial el regulador de los mercados, la CNMV- contra el vaciamiento de una cotizada para aislarla y quebrarla?

No hay duda de que hay que salvar Abengoa, su empleo y lo que supone. Pero no todo vale. Uno aún confía en que los poderes públicos cumplan su función y sean los esquiladores los que salgan trasquilados.