Oposiciones Plazos y fechas de los exámenes para administrativos del Estado

Estamos en los últimos días de la campaña electoral clandestina desde el poder, con fondos públicos. La presidenta sigue rellenando su agenda de selfies y abrazos con medio mundo, ayer en las Sopas Perotas de Álora. Construye así su rampa de lanzamiento. No importa el tema, lo que interesa es con quién: niños, mayores, mujeres, pueblo llano, famosos… Fotos, fotos, fotos. Es su punto fuerte; es empática, conecta muy bien en la distancia corta, y explota con éxito su vena populista. Tiene el álbum repleto.

Después está la propaganda de la Junta. Cuando se lee que Andalucía tiene récords en exportaciones, PIB, empleo y la Biblia en verso, cualquiera pensaría que no estamos en el furgón de cola del expreso europeo, compartiendo vagón con los subdesarrollados países del este. Es el espejismo que precede a la convocatoria electoral. Acompañado por algunos excesos: como que los médicos del SAS ganan una pasta, o que la responsabilidad de que los fondos europeos no hayan contribuido a la convergencia con la UE es de la políticas europea y nacional. Culpa de todos, menos del Gobierno andaluz.

El consejero de Economía es tan beligerante en sus explicaciones, que también exagera. El viernes sostenía en un tuit que de los 100.000 millones de fondos europeos 1986-2020 (que en realidad son 102.700 millones) 60.000 eran "agrícolas para el sector". Y no. Las ayudas de la PAC para Andalucía contabilizadas para esos 34 años son unos 49.000 millones. Es el dinero que va al sector. No se pueden meter en el paquete los recursos del Feoga Orientación, que era un fondo estructural, ni los actuales de Desarrollo Rural. (Y aun así, tampoco sumarían 60.000). Sin ese ardid contable, el 60% de Arellano queda reducido al 48%. Hay una cierta tendencia en este departamento a desdeñar al sector agrario y magnificar al industrial. Quizá por eso, en otro exceso, el consejero llegó a afirmar en enero de 2017 que el sector aeronáutico representaba el 6,3% del PIB andaluz, cuando probablemente no pase del 1%.

Es un clásico que los políticos jueguen con los datos y más en vísperas de elecciones. Algunos son tan conscientes de su escasa credibilidad que pretenden compensarlo con un notario que levante acta de sus compromisos, para aportar algo de certeza. La política está siguiendo la ruta de los matrimonios; antes todos se celebraban en iglesias, después una mayoría pasó a juzgados y ayuntamientos. Y últimamente también a las notarías. La política salió de los parlamentos para ir a los juzgados y ahora el jefe de los populares, Pablo Casado, pretende que la certifiquen notarios. Le ha propuesto a Marín (C's) que vaya a un notario con Moreno (PP) para que ambos se obliguen a no pactar con Susana Díaz tras las elecciones que vienen. En 2012 ya fueron al notario Pilar González (PA) y Diego Valderas (IU) para acreditar sus programas electorales. Pero el truco es inútil; las promesas sólo comprometen a quien se las cree.

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