Vía Augusta

¿Gobierna el PSOE?

No hay decisión trascendente en la que que Pedro Sánchez no acepte un trágala de su socio de Gabinete

Gasto público desaforado, deuda en cifras récord y medidas electoralistas para captar voto joven. La aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 ponen a Pedro Sánchez ante un espejo que refleja la imagen de José Luis Rodríguez Zapatero en el año previo al inicio de la Gran Recesión. Los paralelismos asustan: incluyendo el ninguneo a la vicepresidencia económica respetada en Bruselas. Entonces Solbes, hoy Calviño.

Pero incluso con esta preocupante sensación de paramnesia de la peor política desarrollada en España en este siglo, uno se pregunta si de veras gobierna el PSOE. Porque no hay decisión trascendente en la que Pedro Sánchez no acepte un trágala de su socio de Gabinete, anticipo de los que asumirá de sus socios parlamentarios, sobre todo de ERC. Porque realmente no estamos ante un dèjá vu, sino ante una situación mucho más grave: la aceptación de la política más radical con tal de asegurarse la continuidad en La Moncloa. Todo vale.

Y, además, Unidas Podemos no tiene empacho en explicitar que le tuerce el brazo a los sanchistas. El problema, pues, no era Pablo Iglesias, porque con sus finas formas, Yolanda Díaz ejerce idéntica presión, el mismo chantaje, hasta conseguir que su socio renuncie a sus postulados y abrace los de la plataforma izquierdista.

El propio desbloqueo de los Presupuestos, de los que tanto presumía ayer la ministra María Jesús Montero, son el ejemplo palmario. Van una semana tarde al Congreso respecto al plazo constitucional previsto porque Unidas Podemos no cedió hasta tener lo que quería: una ley de vivienda que -a la espera de conocer los detalles que fije el articulado-, cercenará el derecho a la propiedad, según las escasas medidas anunciadas por el propio Gobierno. Se esgrime que el acceso a la vivienda también es un derecho protegido en la Constitución, una falacia populista más, porque la medida más efectiva para intervenir el mercado de la vivienda sería construir vivienda pública, lo que las administraciones apenas hacen desde 2008. Se extrañan de que la oposición anuncie, aun sin conocer el texto legal, recursos al Tribunal Constitucional, pero es que los postulados adelantados son suficientes para no ver otra opción. Un Tribunal que, por cierto, no para de recordarnos que éste es un Gobierno, como lo es su mayoría parlamentaria, que no respeta los derechos fundamentales.

Y la sumisión les lleva a una ridícula rectificación perenne. La última: la exclusión de la tauromaquia, un Bien de Interés Cultural, del bono electoralista. Están tan acostumbrados a la voltereta que no hay miedo ni vergüenza. Más cornadas dan las urnas.

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