la tribuna económica

Joaquín / Aurioles /

El Gobierno de los mercados

ESPAÑA se ha vuelto ingobernable, en el sentido de que el Gobierno ha perdido la capacidad de controlar la situación, y la culpa la tienen los mercados, que no sólo imponen condiciones inaceptables para atender nuestras demandas de préstamo, sino que además pretenden entrometerse en la forma de gobernar. Intolerable y desde luego un razonable motivo de indignación que ha dado lugar a una de las más atractivas reivindicaciones del 15-M, aunque también de las más utópicas: acabar con el gobierno de los mercados y devolvérselo a la política, siempre que sea como consecuencia de un proceso electoral verdaderamente democrático.

A los mercados financieros acuden los que necesitan préstamos o los que quieren conseguir alguna rentabilidad para sus ahorros, así que cuando vamos al banco por alguna de las dos razones, lo hacemos como parte de ese mercado. Ahí es donde se manifiestan las preferencias de los ahorradores por las inversiones más seguras y donde la deuda pública española pierde atractivo frente a la alemana o la norteamericana, a no ser que la diferencia de rentabilidad merezca la pena, y donde se va formando la prima de riesgo. Si a lo que vamos es a pedir un préstamo, entonces la cosa cambia. Lo importante para el banco es asegurarse del cumplimiento de las condiciones de devolución y para ello se fijarán en nuestros ingresos, en nuestra situación patrimonial y financiera, es decir, en lo que tenemos y lo que debemos, y en nuestra reputación, es decir, en nuestro historial financiero y en el tipo de vida que llevamos. Si todo esto es positivo y el mercado funciona, cosa que en estos momentos es cuestionable, entonces es probable que el préstamo sea concedido. Es de suponer que el Tesoro se enfrenta a preguntas similares cuando acude a pedir préstamos. Tendrá que reconocer que los ingresos anuales del Estado son inferiores en 40.000 millones a lo que cuesta su funcionamiento y que a esta cantidad hay que añadir 27.000 millones de intereses de la deuda, que probablemente aumentará en los próximos años. También deberá informar del vencimiento en 2011 de deuda por valor de 140.000 millones y que, dado que no hay recursos para su amortización, ni siquiera en parte, debe ser renovada en su totalidad.

Sumando todo, sale que el agujero financiero del Estado, es decir, lo que le falta cada año para funcionar con normalidad, debe estar por encima de los 200.000 millones, pero lo peor de todo es que el tamaño seguirá aumentando mientras haya déficit presupuestario. Ante estas circunstancias sólo se me ocurren dos formas de defenderse de la tiranía de los mercados. Una, poco probable a corto plazo, recuperando el crecimiento y los ingresos fiscales. La otra es transformar el déficit en superávit, reduciendo el coste del Estado en, al menos, 70.000 millones, y dedicar el excedente a reducir deuda. La moraleja es que, aunque las restricciones de soberanía que imponen los mercados resulte indignante, para un país que cada año debe pedir prestado el 20% de la riqueza que genera sólo caben dos opciones: esforzarse por corregir la situación o aceptar sus reglas.

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