EL próximo jueves 5 de mayo Granada cambiará de gobierno sin pasar por las urnas. Con independencia de que el bastón de mando lo coja el socialista Francisco Cuenca o la popular Rocío Díaz, la capital abrirá una nueva etapa que pondrá fin a los 13 años de gestión de José Torres Hurtado que se interrumpieron abruptamente el pasado 13 de abril con la macrooperación desplegada por la UDEF para investigar una supuesta trama de corrupción urbanística. En apenas dos semanas, Granada se ha sumado al mapa de la corrupción que salpica al PP a nivel nacional, se ha convertido en foco informativo por la polémica intervención del cuerpo de élite de la Policía y, con un pleno exprés de menos de un minuto, ha certificado la salida del Consistorio del alcalde, de su número 2 y rival político, Sebastián Pérez, y de la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto. Lo que debe asegurarse a partir del jueves es el regreso de la normalidad al Ayuntamiento de la ciudad. Y ello a pesar de la dura e intensa campaña de negociación que los partidos se han visto obligados a abrir para determinar una alianza estable que permita designar a un nuevo equipo de gobierno -así lo exige el resultado plural de las municipales de mayo de hace un año- y a pesar de las interferencias que supondrá la repetición de elecciones generales con el horizonte incierto del 26-J. Granada lleva casi un año de gestión de bajo nivel, casi de supervivencia. Con un Partido Popular supeditado al apoyo de Ciudadanos, ni siquiera ha sido capaz de aprobar los presupuestos para este año y no sólo es el urbanismo lo que está bajo sospecha. La preocupación por la situación real de las cuentas de la capital es compartida por todos los grupos. De ahí que haya que pedir a los cinco partidos con representación municipal -PP, PSOE, Ciudadanos, Vamos Granada e IU- lealtad en la negociación, responsabilidad con la ciudad y altura de miras a partir del día 5. Granada necesita un nuevo alcalde pero es imperativo que haya un pacto político que garantice la gobernabilidad. El acuerdo de investidura ha de reforzarse de inmediato con una alianza de fuerzas que permita airear la gestión, que dé tranquilidad a los trabajadores municipales y a todos los granadinos desde la más absoluta transparencia y que fije una hoja de ruta sólida y comprometida para el resto del mandato. Es inaplazable abordar complejos desafíos como el desbloqueo de las infraestructuras, la lucha contra el paro, la garantía de los servicios públicos y la mejora de la calidad de vida atajando problemas enquistados como el botellón y la movilidad. El cambio de caras es necesario pero no suficiente. Granada no puede funcionar por inercia ni ser rehén de pactos que respondan a intereses partidistas por encima de las necesidades de la ciudad.