MUCHO peor que la discriminación lingüística que tanto irrita al PP cuando la observa en Cataluña es la discriminación legal de los ciudadanos que apadrina, junto a UPN, en diversas comunidades autónomas. Es antidemocrático y arbitrario que ciertas regiones se reserven el derecho de veto sobre las leyes aprobadas por el Parlamento y las apliquen o boicoteen en función de sus simpatías políticas. No es un pulso banal sino una insumisión gravísima que afecta al funcionamiento del sistema, una insubordinación que pone en duda las convicciones democráticas de los dirigentes políticos que las acaudillan. Hay ya variados ejemplos de cruzadas contra las decisiones adoptadas por las cámaras de representantes.

Fue ridícula la cruzada en inglés emprendida contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía en la Comunidad Valenciana; es demencial que los gobiernos de esta misma comunidad y de Madrid no apliquen la ley antitabaco, y es agraviante que Murcia, junto a Navarra, aparque la ley de interrupción del embarazo con una disculpa que cualquier estudiante de leyes consideraría una patraña.

Son pulsos absurdos que, además de inútiles, constituyen una grave afrenta a la democracia. El desacato a las leyes y a la voluntad del pueblo expresada en las urnas son la peor lección de rebeldía que pueda dar un partido o un sector de él. Pero todavía peor es la discriminación que tales pasatiempos políticos causan a los ciudadanos, sobre todo en leyes que afectan a la salud pública y la natalidad, como la de regulación del aborto.

Murcia, donde se ha frenado la aplicación de la ley, es paradójicamente la comunidad que tiene la tasa más alta de interrupción del embarazo, lo que revela la contradicción entre la realidad (abrumadora) y los deseos (pacatos) de los prohibicionistas. Decenas de mujeres murcianas tendrán que trasladarse a otra comunidad española a abortar o, lo que es peor, se verán obligadas a recurrir a clínicas clandestinas ¡en Murcia! con discutibles garantías de salubridad.

El resultado es un disparate de gran alcance que, sin embargo, nos deja una lección: la prohibición total del aborto que avalan ciertos partidos y asociaciones pro vida no sólo no frena las interrupciones de los embarazos (ocurrió en España durante la dictadura, cuando el aborto estaba prohibido), sino que crea gravísimos problemas sanitarios que dejan a la mujer a merced de medicastros, clínicas furtivas o redes clandestinas de dudosa eficacia. O las obligan a huir a otros países o, en el caso de Murcia, a comunidades distantes unos pocos kilómetros.