Lo menos que se le puede pedir a un Gobierno es que, antes de tomar una decisión, encargue un informe al equipo jurídico y profesional correspondiente y lo lea con atención para calibrar la oportunidad de esa decisión. No parece que ese haya sido el recorrido previo a la concesión del indulto parcial a Juana Rivas, que ha tenido la más indeseable de las consecuencias: ha salido a la luz un episodio de presuntos abusos sexuales al que no se había dado publicidad para preservar el derecho a la intimidad de un niño que hoy tiene menos de 10 años y contaba 3 cuando supuestamente fue violentado. Un episodio que ahora perseguirá toda su vida al crío, más allá de que se pueda demostrar que efectivamente sufrió el ataque sexual. La irresponsabilidad de un Gobierno de conceder un indulto sin conocer previamente las circunstancias que tuvo en cuenta un tribunal para condenar a Juana Rivas, han tenido consecuencias muy graves para un niño cuya intimidad queda expuesta al debate público.

Otro menor, de 5 años, también está marcado estos días. No se conoce su nombre, pero sí sus datos: dónde vive, Canet de Mar, el colegio al que asiste y el negocio familiar. Sus padres no han cometido más delito que pedir que se cumpla la ley y su hijo reciba el 25% de sus clases en castellano. El TSJC lo ha amparado, pero las redes sociales han atacado de forma inmisericorde a la criatura y a sus padres, se han convocado manifestaciones ante el colegio y su casa, y ni las autoridades catalanas ni las españolas han tomado medidas contundentes para proteger a la familia. Lo que desgraciadamente es habitual cuando se trata de cuestiones relacionadas con las ansias del independentismo de imponer su criterio. A la fuerza, si hace falta. Y sin tomar medidas para garantizar la privacidad de quienes solo piden que les permitan ejercer sus derechos.

Este Gobierno, que presume tanto de proteger a quienes son socialmente marginados, no hila fino para actuar a favor de los más desprotegidos: los menores. Contra el menor de Canet, contra el hijo de Juana Rivas, contra las niñas de un centro de menores de Baleares que fueron prostituidas, y las de un centro de Valencia que sufrieron abusos sexuales. Centros oficiales cuyos responsables, funcionarios y altos cargos, estaban más obligados que nadie a proteger a las niñas y jóvenes acogida. Mejor no pensar en qué habría ocurrido con estos casos si no fueran dirigentes que presumen de ser de izquierdas y progresistas, los que han concedido un indulto de tan penosas consecuencias, no han amparado al niño que quería aprender catalán pero también castellano, y no han sabido tutelar los centros donde se produjeron casos de prostitución y de abusos sexuales.