COMO era de esperar, las comunidades autónomas se han quejado, unas en voz alta y otras con susurros, de los Presupuestos Generales del Estado de 2013, todavía más ajustados y austeros que los de 2012. Donde no hay harina todo es mohína, y donde no hay inversión todo es sofocón.

Los presidentes de las autonomías están sofocados porque a los recortes aplicados ya a sus funcionarios y a las restricciones en sanidad, educación y servicios sociales se une ahora la caída de las inversiones públicas, única fuente de impulso que les quedaba a sus economías para salir de la recesión, en vista de cómo está el sector privado (privado de clientes para sus productos y privado de crédito para funcionar y expandirse).

En Andalucía hay un motivo añadido de malestar: el Gobierno, en su proyecto presupuestario, ha ignorado un mandato del Estatuto de Autonomía de Andalucía que obliga a invertir en esta tierra un porcentaje de la inversión regionalizable igual al que la población andaluza representa sobre el total de la población española. Concretamente, el 17,8%. En los presupuestos estatales 2013 el porcentaje de inversión queda bien lejos, en el 15,3% del global, y aún es menor el del actual ejercicio (14,6%).

El número dos del PSOE andaluz, Mario Jiménez, ha anunciado que si el PP no rectifica esta "agresión", "injusticia" y "discriminación" durante la tramitación del presupuesto, la Junta acudirá a los tribunales y movilizará a los andaluces. En este último planteamiento ya le digo yo que contará con el pleno y entusiasta apoyo de sus socios de gobierno de IU.

En cuanto a los tribunales, hay más dudas. La famosa sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut declaró inconstitucional el precepto que obligaba a incluir en los presupuestos generales del Estado una inversión en Cataluña igual a lo que el PIB catalán es dentro del PIB español. Cambiemos PIB por población y tendremos planteado el caso andaluz (y otros criterios en otros estatutos, reformados durante la diarrea centrífuga del zapaterismo). Alguien poco sospechoso de perjudicar a Andalucía, sino todo lo contrario, como Manuel Clavero escribió aquí en agosto de 2010 que en cualquier pleito que se presente sobre estatutos e inversiones estatales acabará aplicándose esta doctrina constitucional, resumible así: los estatutos de autonomía no pueden obligar a las Cortes Generales a consignar porcentajes de inversión en materias de la competencia del Estado a favor de las respectivas comunidades autónomas.

Eso, desde el punto de vista jurídico-constitucional. Si nos ponemos a hablar de racionalidad y lógica, ningún estatuto de autonomía debería contemplar condicionantes tan arbitrarios y a la carta.