Julián aguilar garcía

Abogado

Jueces por la irresponsabilidad

Todos echamos la culpa a otros y nunca asumimos lo que nos corresponde

Recuerdo que en mis tiempos universitarios nos llamaba mucho la atención, y nos parecía desopilante, que un tribunal americano pudiera condenar a un colegio a resarcir los daños sufridos por un ladrón que, al intentar robar en el establecimiento, se cayó y se lesionó porque el techo de cristal por el que pretendió acceder se rompió inopinadamente; o que reconocieran una indemnización al dueño de un gato que lo metió en un microondas para secarlo (con el resultado explosivo y luctuoso que se pueden imaginar) porque el libro de instrucciones del electrodoméstico no ponía que no servía para secar gatos. Bah, cosas de americanos, pensábamos. Esto nunca lo veremos aquí, creíamos. Ah, qué tiempos cuando todavía éramos ingenuos.

Leía recientemente en prensa que la Audiencia Provincial de Cádiz había decidido que el comprador de un piso no tenía que pagar la comisión de la agencia inmobiliaria, aunque había firmado un papel donde lo ponía clarito (según el propio tribunal "la cláusula resulta clara y formalmente comprensible"), porque no había bases para colegir si el cliente realmente entendía lo que estaba firmando; porque era un clausulado al que el cliente, un consumidor, simplemente se había adherido y por ello reputaba abusivas las cláusulas al no constar si se le había explicado antes la consecuencia de firmar; y porque la agencia inmobiliaria, dice la Audiencia, no hace nada más que enseñar el piso y no parece equilibrado que por tan escaso desvelo pueda ganar tanto dinero (tres por ciento del precio, con tres mil euros como mínimo).

Vaya por delante que no tengo familiares ni clientes con agencias inmobiliarias, que en mi contacto con esos profesionales siempre me ha tocado pagar su comisión y que no conozco a los protagonistas del caso concreto. Pero esta sentencia me suscita varios órdenes de reflexión de los que quiero destacar dos.

Primero, la o ignorancia o displicencia del tribunal para considerar que la agencia inmobiliaria no hace nada para justificar sus honorarios. Puede que me equivoque, pero estas agencias supongo que para enseñar el piso a un posible interesado antes han tenido que pagar un anuncio que ese interesado ha visto. O, por mencionar sólo algunos de sus gastos, esas 55.000 oficinas en España, con una media de cinco trabajadores, pagan 275.000 nóminas mensuales y, evidente, 55.000 rentas. Y tributos. Y facilitan que se cierren operaciones que, sin su intervención, se firmarían más tarde o nunca. De hecho, el comprador adquirió el piso porque la agencia se lo enseñó.

Segundo, y es lo más relevante para mí, estamos ante otro clavo más en el ataúd de la responsabilidad individual. Todos tenemos derechos pero, salvo el de pagar impuestos, pocos deberes. Todos somos infantes nescientes que necesitamos ser tutelados por leyes y autoridades, a costa de cuotas de libertad. Todos, sobre todo el caradura habitual en nuestra tierra, echamos la culpa a otros y nunca asumimos lo que nos corresponde. Vamos a peor.

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