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Ojo de pez

Pablo Bujalance

pbujalance@malagahoy.es

Listas negras

Por mucho que tal vez Vox hubiera preferido lo contrario, no ha habido aquí listas negras. De momento

Cantaba Rubén Blades aquello de "si naciste pa martillo, del cielo te caen los clavos", lo que trasladado al ámbito político podría traducirse como la evidencia de que quien quiere piedras arrojadizas las encuentra a raudales. Sucede que a veces las mismas piedras dan brincos y acaban en la mano, prestas al disparo, casi sin que uno se dé cuenta. Es lo que pasa cuando Vox pide al Gobierno andaluz los datos de los empleados que trabajan en los servicios de atención a víctimas de violencia de género y el mismo Gobierno autonómico, a través de la Consejería competente, dirigida por Ciudadanos, aporta a Vox la información: la ocasión la pintan calva para denunciar la existencia listas negras, y ni Susana Díaz ni buena parte de la oposición perdieron, como era lógico, la oportunidad. Luego, mientras las redes sociales ardían en invocaciones a la guillotina, cabía la posibilidad de aclarar que si Vox pidió datos completos, con nombres apellidos, lo que el Gobierno andaluz aportó al portavoz Francisco Serrano fue un informe en el que únicamente figuraban el número de trabajadores (sin datos personales), su titulación y la referencia relativa a la colegiación, sencillamente porque lo que Vox pidió al principio incurría en una clara ilegalidad. Al final, parece que Serrano se ha quedado contento. De eso se trataba.

Por lo tanto, y para ser precisos, convendría admitir que por mucho que Vox tal vez lo hubiera preferido, no ha habido aquí listas negras (de momento). Y que por mucho que se dé por hecho que la Junta ha facilitado datos personales de estos empleados, habría que aclarar que no, no los ha compartido. A Francisco Serrano le basta lo que le han dado para denunciar que la mitad de estos trabajadores no están colegiados, y habría que calibrar en qué medida la colegiación certifica una mayor cualificación para el desempeño de sus tareas (me temo que en ninguna, pero eso es cosa mía) o la protección ante determinadas situaciones en las que tenga que intervenir la justicia, pero ése es otro debate. Lo que queda de todo esto es una cantidad nada desdeñable de empleados cuya eficacia ha quedado puesta en duda gratuitamente y cuyo futuro inmediato queda ahora marcado por la incertidumbre porque el mismo Gobierno andaluz no ha sabido explicar lo que estaba haciendo; mientras, la insistencia de la oposición con las listas negras tampoco facilita la cuestión.

Lo que más importa aquí son los medios: de qué recursos dota la Junta a quienes atienden a las víctimas de violencia de género para hacer su trabajo y cómo pueden mejorarse. Menos piedras y más política.

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