HACE sólo unos días el presidente de los empresarios de Sevilla decía que la situación de parálisis administrativa e incertidumbre política que ha creado el retraso en la formación del Gobierno andaluz le iba a acostar a la provincia un punto o casi de crecimiento de su PIB este año. Ignoro la solvencia científica del cálculo, pero me atrevería decir que Miguel Rus hablaba más de sensaciones que de datos. También el portavoz de la Junta de Andalucía decía el martes pasado que la situación política está directamente relacionada con el hecho de que el mes de mayo la región no creara empleo al mismo ritmo que el conjunto de España y que incluso en algunos sitios, como Sevilla sin ir más lejos, se destruyera. También aquí hay muy poco de análisis riguroso y mucho de arrimar el ascua a su sardina política con argumentos más o menos peregrinos. Medir en términos económicos y sociales las consecuencias del largo boicoteo a la investidura de Susana Díaz no deja de ser un ejercicio de mero voluntarismo, pero responde a una realidad fácilmente constatable si se habla estos días con cualquier alto funcionario de la Administración andaluza: desde hace meses todo está parado y no se toman decisiones. Aunque las mediciones sean más propagandísticas que reales, no cabe duda de que la parálisis afecta a nuestra situación económica y sobre todo a nuestra reputación como territorio. No es la mejor tarjeta de visita para una región que necesita transmitir estabilidad para atraer inversiones el guirigay político en el que nos hallamos sumidos desde hace ya más de dos meses sin que nadie acierte a adivinar cuándo el Parlamento y el Gobierno van a ponerse a trabajar de verdad.

La imagen que está dando Andalucía es penosa porque, además, no hay nada que la justifique. Vale que se convocaron unas elecciones cuando el horizonte político estaba despejado después de la aprobación del Presupuesto y cuando no había un riesgo inminente de ruptura de la coalición que gobernaba la región. Pero quien podía hacerlo, que era la presidenta de la Junta, lo consideró oportuno por conveniencias estratégicas o quizás sólo partidarias. Lo cierto es que las elecciones dieron un resultado que no dejaba lugar a dudas sobre a quién querían los andaluces para que los gobernara. Sobre todo, porque es imposible formar una mayoría alternativa a la que encabezaba Susana Díaz en el Parlamento. La conclusión está clara: se ha impuesto lo más bajo de la política a los intereses de Andalucía y se ha jugado con los réditos políticos más inmediatos en vez de mirar al futuro de la región. Ha ganado el cambio de cromos y las conveniencias más inmediatas de los líderes políticos y ha importado muy poco lo que nos estábamos jugando.

Este comportamiento ha puesto al mismo nivel a los partidos de siempre y a los nuevos, que han demostrado haber aprendido enseguida lo peor de la vieja política. Nada sorprendente por otro lado: desde que el mundo es mundo la tentación de tocar poder ha sido la guía de las organizaciones políticas y eso no lo iba a cambiar ni Pablo Iglesias ni Albert Rivera. Si la Junta de Andalucía lleva paralizada el tiempo que lleva y los ayuntamientos a seis días de su constitución siguen siendo una nebulosa impenetrable es porque estamos en pleno cambalache. Lo dejó claro esta semana el todavía presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, al poner negro sobre blanco que la Alcaldía de Sevilla era la llave imprescindible para el desbloqueo de la investidura de Susana Díaz. Por lo menos hay que agradecerle la claridad, aunque haya dejado en ridículo todo el discurso anterior de su partido y toda la campaña de Juan Ignacio Zoido jurando cuantas veces hizo falta que Sevilla no sería nunca moneda de cambio. Nada nuevo, pues bajo el sol. La política sigue siendo lo que siempre fue y caras nuevas no garantizan que algo vaya a cambiar.