EL Gobierno municipal de Sevilla, formado íntegramente por ediles del PP, ha confesado esta semana gracias a una pregunta formulada por la oposición que no cuenta con instrumentos jurídicos sólidos para poder devolver los 1.000 euros que los vecinos afectados por el plan de aparcamientos para residentes contratado por la anterior coalición PSOE e IU pagaron en su día a cambio de una plaza de estacionamiento que nunca se llegó a construir. La respuesta del equipo municipal no sería noticia -para cualquiera que conociera en profundidad la coyuntura legal de dicho proyecto- si el entonces candidato del PP y hoy alcalde, Juan Ignacio Zoido, no hubiera prometido en su carrera hacia la Alcaldía, e incluso después de ser investido como regidor, que devolvería a los afectados dichos fondos con independencia de cualquier otro factor. Su delegación de Movilidad, sin embargo, estima que esto no es jurídicamente posible y ha sugerido a los vecinos que acudan a los juzgados. Resulta evidente que el problema de fondo en este caso no lo provocó el PP, sino el anterior edil de Movilidad, Francisco Fernández, incapaz no sólo de cumplir la palabra dada, sino de compensar a los ciudadanos que confiaron en el gobierno de Monteseirín y que ahora son víctimas de una estafa inaceptable. Dicho esto, resulta también decepcionante ver cómo el PP se desdice de sus compromisos electorales. Zoido conocía con precisión la situación legal existente cuando hizo su promesa electoral. Si es cierto que no hay fórmula jurídica alguna, nunca debió de prometer que devolvería el dinero. Y si la hay, no tiene lógica que su propio gobierno abandone a su suerte a los vecinos que confiaron en su palabra. El propio alcalde calificó ayer, un día después de conocerse la postura municipal, de "insatisfactoria" la respuesta emitida por su equipo y anunció que pedirá nuevos informes "para buscar una solución legal al problema". "Los vecinos son los únicos que no tienen la culpa", dijo. Es cierto. No la tienen ni de la nefasta gestión del anterior concejal de Movilidad ni de las promesas electorales que, a tenor de los hechos, se lleva el viento.