CUANDO observamos la evolución del sector de la construcción, la primera cuestión que hay que señalar es que el ritmo de crecimiento en los últimos años ha sido anormal. Diversas han sido las circunstancias que han alterado el mercado inmobiliario, principalmente desde el lado de la demanda: bajos tipos de interés que estimulaban la compra de vivienda, tanto para residencia habitual como para inversión alternativa a la baja rentabilidad de los mercados financieros; el aumento de población, en gran parte inmigrante; la demanda de vivienda residencial y de segunda vivienda para españoles y extranjerosý.

La oferta, por su parte, ha reaccionado al aumento de la demanda desarrollando una actividad sin precedentes: esto ha sido posible debido a las pocas exigencias tecnológicas del sector, a la abundante mano de obra incorporada por la inmigración y a las facilidades de financiación.

Todo ello ha desembocado en un crecimiento de la participación de la construcción en el PIB nacional superior al 14 por ciento. Por eso, lo primero que hay que asumir es que lo que está ocurriendo no es una crisis en sentido estricto, sino que es, más bien, una vuelta a la normalidad. La reducción de actividad y empleo que se está produciendo no es coyuntural y, por tanto, las medidas que se tomen no han de consistir en aguantar la caída de la producción y del empleo, en espera de volver a la situación del año 2006 o anteriores, sino que han de orientarse a redirigir los factores de producción, que hayan quedado ociosos, hacia otros sectores.

Evidentemente los cambios de orientación no se producen en un solo acto, sino que la actividad se va desacelerando poco a poco a lo largo del tiempo. Por eso, aunque se ha señalado anteriormente que no hay que esperar una vuelta al nivel de actividad de los ejercicios anteriores, es muy importante tomar medidas para que el aterrizaje sea lo más suave posible.

En primer lugar seria muy conveniente que el Banco Central Europeo mantuviera, e incluso redujera, los tipos de interés a pesar de las tensiones inflacionistas que se están produciendo en toda la zona euro. También le corresponde mantener un nivel de liquidez en el sistema financiero que facilite el desenvolvimiento de la actividad económica y, sobre todo, que permita recuperar la confianza de los distintos operadores que actúan en los mercados.

Por parte de las autoridades locales o nacionales, corresponde impulsar obras públicas. También habría que impulsar políticas fiscales selectivas que favorezcan la adquisición de las viviendas que se están terminado en la actualidad, mas que volver a las recurrentes ayudas a la construcción de VPO, las cuales aumentarían, aún más, el ya de por sí elevado parque existente.

Aún en el supuesto, que todos deseamos, de que la burbuja inmobiliaria se desinfle de forma gradual, los efectos de la vuelta a la normalidad se harán notar. Y decimos vuelta a la normalidad porque normales son los actuales tipos de interés, y no el 2 o el 2,5 por ciento de períodos anteriores, cómo también es habitual que la aportación de la construcción al PIB nacional se estabilice en torno al 10 por ciento; e igualmente normal es una inflación entre el 3 y 4 por ciento o que los precios de la vivienda bajen del nivel actual.

Pero esta "vuelta a la normalidad", evidentemente, planteará problemas y no sólo para el sector de la construcción, sino que estos, también afectarán al conjunto de la economía. Problemas, muchos de ellos, derivados de la pérdida de actividad, que arrastrará a los múltiples procesos productivos inducidos por la construcción. Sin duda, la situación más delicada será la del empleo que afectará en mayor medida a los colectivos de inmigrantes. La mayor movilidad geográfica y ocupacional de estos trabajadores, facilitará la reubicación de los mismos, pero es difícil que todos los afectados puedan obtener nuevos empleos, al menos a corto plazo.

Por último, de este largo período de esplendor de la economía apoyada en el sector inmobiliario y de la actual situación de desaceleración de la actividad, se desprenden dos efectos colaterales, que tendrán graves consecuencia para el conjunto de la sociedad y en particular sobre las administraciones locales. Por una parte, la incidencia sobre la financiación de los Ayuntamientos de la reducción de sus ingresos por la construcción y, de otra, la práctica de alcanzar acuerdos mediante la negociación entre los ayuntamientos y los particulares, en sustitución de la aplicación estricta de las normas, para desarrollar planeamiento urbanístico.

Me temo que ambas cuestiones condicionarán, por mucho tiempo, la vida de las corporaciones locales.