POSIBLEMENTEno se encuentre entre las prioridades de la mayoría de los españoles una reforma constitucional que consiga eliminar ese legado sexista del pasado más remoto, cuando todavía la mujer ocupaba un lugar secundario en la sociedad, la cultura y, finalmente también, el orden sucesorio a la corona.

Por otro lado, tras el velo con el que se reclama el reconocimiento de los particularismos identitarios se encuentra una reivindicación mucho más material y simple: el privilegio fiscal. En efecto, nuestro constituyente –el de 1978– ya se equivocó al aceptar esa especie de “derecho histórico”, predemocrático y preconstitucional, cuya incorporación al texto fundamental exigieron los nacionalistas vascos como condición inexcusable e imperativa para sumarse al consenso. Lo peor y paradójico es que, al final, aquella concesión ni siquiera sirvió para apoyaran el texto resultante en el referéndum constitucional. 

Pero el presente no puede ser interpretado a la luz de esa “historia foral”. Los derechos institucionales que tienen su base en el pasado pueden servir de fuente de inspiración para el legislador constitucional, pero no pueden ser utilizados hoy para generar de nuevo una fractura territorial que divida de nuevo a las comunidades en entidades con diferencias cualitativas de autogobierno. Creo que sería un error pretender resucitar la historia, real o reinventada, para construir el futuro de este país. 

Los ciudadanos de este país están reclamando desde hace décadas una doble igualdad. La igualdad entre territorios; algo reconocible plenamente y sin dificultad en la persistente tendencia a la homogeneidad y la simetría del modelo territorial. Se trata de un fenómeno político imparable por más que se pretenda otorgar a Cataluña un estatus diferencial, basado en una lengua propia –que otras comunidades también tienen–, pero esencialmente en un modelo singular de financiación con el que se generaría un nuevo privilegio, inasumible por la clase política y los ciudadanos del resto de España. Creo que la desaparición del principio dispositivo sólo puede hacerse eliminando un derecho básico en nuestro régimen constitucional como es el mismo “derecho a la autonomía”. No acierto a imaginar quien está dispuesto a correr con el coste político de esta operación de ingeniería constitucional. 

La segunda igualdad me parece más fundamental aún, ya que tiene que ver con el bienestar general de la sociedad. La última reforma constitucional, con la implantación de ese precepto quintacolumnista de la estabilidad presupuestaria acabó con la mínima seguridad que concedía la Constitución de 1978 a los derechos sociales, aquéllos en los que se sustenta la igualdad de oportunidades. Me refiero a derechos tan fundamentales socialmente, pero tan debilitados desde un punto de vista constitucional, como el derecho a la salud, la seguridad social, la vivienda o el medio ambiente; junto a derechos de minorías vulnerables social y económicamente como la tercera edad, los discapacitados o los dependientes. 

Me parece que ha llegado la hora de poner al día en el texto constitucional la protección efectiva de estos derechos. Desde instancias judiciales con recursos e instrumentos procesales que permitan su tutela por quienes se consideran sus “garantes naturales”. Pero además abriendo una vía de acceso al Tribunal Constitucional –como ya tiene abierto el derecho a la educación– colocando el sistema de garantías de los derechos sociales básicos al mismo nivel que otorga la mayoría de los estados de nuestro entorno constitucional. 

La igualdad y la calidad de vida deberían ser los ejes claves de la futura reforma constitucional. Aquí sí que habrá que buscar los “blindajes” necesarios para consolidar una democracia social. Obviamente esta línea de pensamiento ha correspondido siempre a la izquierda política. Con el implante de la estabilidad presupuestaria como centro de gravedad del régimen constitucional español el partido socialista traicionó lo que había sido una indudable seña de identidad de su hasta entonces programa constitucional. Una decisión que posiblemente permite hoy reivindicar esa reforma “social”, con mayor legitimidad y apoyo electoral, otras formaciones, nuevas y tradicionales, que se alinean o se han mantenido leales al ideario constitucional de progreso e igualdad. 

En definitiva, existen muchas posibilidades hoy para que se abra en el futuro inmediato un proceso constituyente que permita recuperar la confianza en el poder transformador de nuestra Constitución sobre una realidad política y social que viene planteando desde hace tiempo algo más que simples arreglos superficiales al diseño territorial, y mucho menos la adhesión inquebrantable a doctrinas neoliberales impuestas a un pueblo que debe ser siempre soberano. 

Gerardo Ruiz Rico es Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Jaén