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EL próximo día 21 habrán de comparecer ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla los responsables de una empresa de gestión de residuos peligrosos y de una chatarrería vinculadas a la insólita tragedia que costó la vida a tres miembros de una familia de Alcalá de Guadaíra, fallecidos en su domicilio, en diciembre pasado, al respirar una sustancia tóxica procedente de tapones con fosfuro de aluminio que almacenaban en el cuarto de baño. La magistrada imputa a los dos responsables empresariales, y a sus compañías como personas jurídicas, un delito contra el medio ambiente en conexión con otros tres por homicidio imprudente, ya que el suceso causó la muerte a un matrimonio de condición social humilde y a una de sus hijas, de 14 años. El auto se sustenta en los indicios -investigados y encontrados tras una labor prolija y tenaz de la Policía Judicial- de que la empresa Alansu, autorizada para gestionar los residuos peligrosos, incumplió la legalidad vigente al vender los botes cuyos tapones contenían el fosfuro de aluminio a la chatarrería Reciclados Nivel, que no contaba con autorización legal para gestionarlos ni los custodió en la forma debida, lo que explica que los tapones acabaran en notables cantidades en el cuarto de baño de la vivienda de las víctimas y que, en contacto con la humedad o el agua, produjesen la sustancia que mató a los tres familiares. Es de destacar que todos los tapones llevaban etiquetas alertando de la peligrosidad del contenido de los envases que sellaban, aunque en la casa sólo se encontró uno con este precinto. La juez ha ordenado que la Consejería de Medio Ambiente que le remita la documentación relativa a todas las inspecciones realizadas a la empresa de residuos peligrosos, identificando a los funcionarios que las hicieron y los resultados de las mismas. La profesionalidad de la Policía y la firmeza y diligencia de la juez han permitido, de este modo, encauzar correctamente un caso que conmocionó a la opinión pública por la singularidad de los hechos y la falta de explicaciones convincentes que acompañó a la tragedia durante mucho tiempo, lo que dio origen a teorías descabelladas acerca de su origen y desarrollo. Las diligencias continúan, ahora pendientes de las declaraciones de las personas y empresas imputadas y de la documentación de la Junta, pero de lo sabido hasta ahora se desprende un trasfondo lamentable que hay que poner sobre la mesa: en materia medioambiental, y concretamente en la eliminación de residuos tóxicos, hemos solucionado con éxito la necesidad de una legislación estricta, pero seguimos fallando en su aplicación rigurosa. Hace falta que las empresas cumplan las leyes y que las autoridades vigilen que así sea. Mejor el control previo que el castigo a posteriori, cuando el mal está hecho.

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