Editorial

Rigor en los fondos públicos

LAS comparecencias, ayer, en el Parlamento andaluz de los consejeros de Educación y Economía obedecen al compromiso asumido por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de revisar la política de ayudas públicas y subvenciones desarrollada por sus antecesores en el cargo y los consejeros correspondientes. La intensa labor de inspección de los últimos meses ha arrojado unas conclusiones todavía provisionales, pero que permiten ya dibujar un panorama muy negativo acerca de esa política: las ayudas y subvenciones, tanto las destinadas a la formación laboral como las que fueron dedicadas a facilitar los expedientes de regulación de empleo de empresas y ayuntamientos de la comunidad autónoma o a financiar a los agentes sociales firmantes de los acuerdos de concertación, se administraron con una notoria negligencia y descuido, faltando reiteradamente a los principios de transparencia y objetividad y posibilitando prácticas de clientelismo y nepotismo que en muchos casos se encuentran tramitándose en la vía penal (sólo el caso de los ERE mantiene imputadas a 207 personas). El análisis exhaustivo de los expedientes ordenado por la presidenta y ejecutado por los funcionarios de las dos consejerías afectadas ha ofrecido ya, con datos que ofrecemos en las páginas anteriores, la evidencia de estar plagados de irregularidades, que obligan a exigir la devolución por parte de los beneficiarios de importantes cantidades que no han podido ser justificadas. Independientemente de la acción de la Justicia, que ha de seguir su curso riguroso con todas las consecuencias, es relevante que el Gobierno autonómico haya impulsado una investigación interna sin cortapisas que permitirá esclarecer las irregularidades cometidas y, sobre todo, que la Junta de Andalucía haga firme y práctica su voluntad política de evitar su repetición. La revisión de las ayudas anteriores, con exigencias de devolución de las que procedan, ha de ir acompañada de una serie de medidas políticas y administrativas, algunas de las cuales ya han sido adoptadas, para que las ayudas y subvenciones, y el dinero público en general, sea administrado con transparencia, objetividad y equidad, aparte del rigor exigible a todas las administraciones como entes al servicio de los ciudadanos. Lo cierto es que durante muchos años, demasiados, el uso de los fondos públicos en Andalucía se ha gestionado con excesiva discrecionalidad y falta de control, dando lugar a fenómenos de corrupción que no queremos para nuestra tierra. La Junta está emplazada a hacer borrón y cuenta nueva a este respecto. No hay mejor defensa de la marca Andalucía que la limpieza y ética de las instituciones autonómicas.

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