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LA presidenta en funciones de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha elevado el nivel de presión que envuelve a los cinco grupos parlamentarios en torno a su investidura como presidenta en el pleno ejercicio de sus funciones estatutarias. Después de haber fracasado en las tres sesiones celebradas por el Parlamento autonómico, al obtener en las tres ocasiones los 45 votos del PSOE y el rechazo de los 62 diputados de la oposición (PP, Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida), Díaz ha concertado sendas reuniones con los líderes de las cuatro organizaciones mencionadas, a celebrar entre el lunes y el martes, en un último intento de alcanzar algún acuerdo que le permita superar la investidura, bien sumando la mayoría absoluta de los votos parlamentarios, bien logrando las abstenciones necesarias para ser elegida por mayoría relativa. Decimos último intento porque éste es mensaje que los socialistas han difundido en coincidencia con el anuncio de estos encuentros bilaterales: o se pacta una salida en la dirección indicada o no volverá a abrirse la negociación, sino que se cumplirá la alternativa prevista por el Estatuto de Autonomía para abordar una parálisis como la actual. Consiste en la convocatoria de nuevas elecciones autonómicas, lo que será jurídicamente obligatorio si han transcurrido dos meses sin acuerdo desde la primera votación (será exactamente el 5 de julio, lo que llevaría las nuevas elecciones a septiembre). Han pasado dos meses y medio desde las elecciones andaluzas, convocadas anticipadamente por la presidenta socialista, puesto que su celebración normal habría sido en 2016, y Susana Díaz ha optado por no prorrogar más la actual situación de incertidumbre que, por otra parte, lesiona el interés general de Andalucía y perjudica su actividad económica. Por una parte, ha tomado personalmente las riendas de una última negociación, como le habían venido exigiendo sus interlocutores de la semana próxima; por otra, ha dado a su requerimiento un claro carácter de ultimátum. O se avanza en la cuestión de la investidura, independientemente de los pactos que se ventilan en los ayuntamientos, o se obligará a los andaluces a desatascar la situación llevándoles de nuevo a las urnas. La primera reacción de los líderes opositores ha sido más bien reticente a esta urgencia perentoria de la presidenta-candidata, aunque no hay que descartar que con alguno de los interlocutores se haya producido una aproximación que haga más viable la investidura. Se trata de un órdago revelador, en todo caso, del desgaste que padece Andalucía a causa de la paralización institucional que se ha derivado de las elecciones de marzo.

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