Urge acelerar el proceso de investidura

LOS sobresaltos de la vida económica española cada vez se parecen más a un estado de emergencia, mucho más grave que la salvaje huelga de los controladores que indujo al Gobierno a tomar las torres de control de los aeropuertos. Los efectos de una cumbre de estadistas europeos ya no duran más de 48 horas, y las hostilidades se desencadenan a golpe de sesión bursátil. La batalla es decisiva y en España se sigue jugando a hacer cada uno la guera por su cuenta.

Bajo el calor de un sábado de noviembre que parece de abril, y pensando en el inminente comienzo de la campaña de consumismo navideño, los sevillanos se echan a la calle para pasear y desconectarse de las malas noticias, hasta que alguien saca a colación el tema de la crisis, y, sin necesidad de ser catedrático, se llega a la conclusión de que, cuando hayan terminado de volver del revés al Gobierno italiano y a sus políticas, van a venir a por nosotros, para adelgazarnos y para hacer negocio con nuestra deuda. Sin embargo, los diversos ámbitos de la Administración dedican la mayor parte del tiempo a fingir que sus actuaciones están sustentadas con dinero, pese a que carecen de ese dinero. La lentitud en la toma de decisiones y en la realización de reformas a nivel local, provincial, regional o nacional es inversamente proporcional a la velocidad de los acontecimientos financieros y políticos en la globalización, que afectan directamente, y cada vez más rápido, a nuestras particulares circunstancias cotidianas y a nuestro bolsillo

Aún queda una semana de campaña electoral. Estoy convencido de que la mayor parte de los ciudadanos preferirían votar ya hoy y acelerar la constitución del Gobierno que ha de tomar las riendas de la Administración central para jugar desde el primer minuto partidas decisivas en el tablero internacional. La última semana de campaña sólo es crucial para los pequeños partidos, dadas las barreras que sufren para darse a conocer como alternativa al bipartidismo. Y animo a todas las formaciones políticas y movimientos sociales a reflexionar sobre la necesidad de una reforma constitucional y legislativa para acortar los plazos de composición de los parlamentos, investidura de los presidentes y toma de posesión de los gobiernos. De eso nadie habla, pero a todos nos conviene para que España funcione al ritmo que demanda el presente histórico.

En la noche del 20 de noviembre ya estará escrutada la voluntad popular y adjudicado el reparto de escaños. Pero una inercia obsoleta de tiempos pretéritos hace esperar 23 días (hasta el 13 de diciembre) para la constitución del nuevo parlamento. Tras elegirse a los presidentes del Congreso y del Senado, y a los miembros de las mesas de ambas cámaras, se conceden cinco días para conformar los grupos parlamentarios, y la opción de una semana más dedicada a las consultas del Rey con los líderes de esos grupos para proponer un candidato a la investidura, y que tenga lugar la sesión de debate e investidura. Hasta el 22 o el 23 de diciembre no habrá nuevo presidente del Gobierno, y sumen una semana más para la toma de posesión de los ministros, la designación de secretarios de Estado y directores generales, y así sucesivamente calculen más semanas para la reconfiguración de toda la estructura de altos cargos (que va a ser reducida) y el aterrizaje de los nuevos para hacerse con el mando de los funcionarios estatales.

Estamos en el mundo que simultanea la planificación y la instantaneidad. No tiene sentido que pasen 33 días desde los comicios hasta la entrada en acción del nuevo Consejo de Ministros. Considero que 15 días es un plazo suficiente y mucho más sensato para los rituales parlamentarios, traspasos de poderes y decisiones políticas de primera hora. Este análisis vale también para los relevos en ayuntamientos y gobiernos autonómicos.

El anacronismo de tener a un Gobierno en funciones durante tantos días quedará a las claras más aún en la recta final de este 2011 que augura un 2012 peor si cabe. España es un país desarrollado, con experiencia y sentido de la responsabilidad para funcionar bien en esos periodos de transición. Pero tras el 20-N quedan cinco semanas en las que Zapatero y Salgado, mientras recogen sus bártulos, van a sufrir tremendas presiones, desde dentro y desde fuera de España, para que tomen decisiones en función de las exigencias de las grandes potencias y a tenor de la especulación financiera. Y no vale cualquier tipo de decisión, han de acertar en la compleja combinación de cirugías y medicamentos que requiere el grave cuadro clínico de la economía.

Nos merecemos evitarnos el mayor grado posible de esperpento durante esos 33 días, con Rajoy llamando cada cinco minutos a Zapatero para decirle lo que tiene que hacer, y Zapatero alertando a Rajoy cada diez minutos sobre el nuevo órdago que nos quieren imponer, para que le diga cómo defender los intereses de España en función de su legitimidad electoral. En lugar de afanarse en negociar el tipo de silla para el debate televisivo del pasado lunes, más nos valdría que pactaran reformas como las que propongo.