Zoido y su gabinete de crisis en el Alcázar

GUZMÁN

ZOIDO salió victorioso, políticamente, de la huelga de basura que le planteó Lipasam hace un año y ahora ha vuelto a reforzarse tras el desalojo de la Corrala Utopía. El pulso que Izquierda Unida ha mantenido durante dos años contra el Ayuntamiento de Sevilla y que, finalmente, se ha vuelto en contra de la formación hasta el punto de plantear una crisis de gobierno en la Junta de Andalucía ha resultado una operación redonda para el PP.

La oleada de manifestaciones de respaldo a IU que se leen estos días en las redes sociales demuestra, por otro lado, que la federación de izquierdas ha consolidado a su electorado más fiel cuando se enfila ya la carrera hacia las urnas. Lo que hay que ver es cuántos son esos apoyos. Y cuántos suman los votos de los ciudadanos indignados que, a pesar de los conceptos técnicos, han entendido que si bien todo el mundo tiene derecho a una vivienda, también hay que establecer unos criterios y respetar una lista de demandantes que sólo podría saltarse ante un riesgo claro de exclusión social. Y el perfil de algunas personas que el miércoles festejaron llave en mano el logro de la corrala deja abiertas muchas dudas, incluso entre los ciudadanos que se definen políticamente de izquierdas y que incluso están de acuerdo con la filosofía de una lucha, la de la corrala, que se ha ido desvirtuando a base de manipular a personas que, sin ser analfabetas, sí que estaban totalmente ajenas a una pelea que, sobre todo, era política. Tal vez uno de los errores de los ideológosos de este fenómeno social de la ocupación de pisos vacíos y la batalla contra los bancos fue apoyarse en familias humildes y con hijos a su cargo.

Tras dos años de protestas, y una vez que el juzgado ordenó el desalojo de la corrala, el gobierno de Zoido se puso en alerta consciente de lo delicado de un asunto en el que no parecía que hubiera parte alguna dispuesta a ceder. El alcalde lo tuvo claro unos veinte días antes de que la Policía entrase a vaciar el edificio. Sobre esa fecha tuvo lugar un encuentro (telefónico) a tres bandas: Ibercaja, propietaria del inmueble, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Sevilla. La entidad ofreció pisos para todos los inquilinos, pero los representantes del Gobierno andaluz se cerraron en banda y no fue posible el acuerdo. Después de ello, la Delegación del Gobierno se habría visto obligada a acatar la orden judicial y, a nivel policial, se programó el desalojo, en las puertas de la Semana Santa, el domingo del Pregón.

Sin duda, el escenario no era el más favorable para el gobierno municipal que, después de que los desalojados acamparan en la Plaza Nueva, se fijó como fecha tope el pasado viernes, Viernes de Dolores, para evacuar la zona siguiendo los protocolos de seguridad que se establecen en estas fiestas. Un marrón para el alcalde que, de inmediato, convocó a su gabinete de crisis, que se reunió el lunes, martes y miércoles, hasta que llegó la solución por parte de la Junta de Andalucía, en el Alcázar. Los elegidos para gestionar el asunto fueron los concejales Lola de Pablo, delegada de Asuntos Sociales que antes fue letrada de EPSA y, por tanto, es buena conocedora del proceso de adjudicación de viviendas públicas; Maximiliano Vílchez, delegado de Urbanismo y con sobrados conocimientos jurídicos; y otras tres personas del entorno político del alcalde: el concejal y portavoz municipal Curro Pérez, y los asesores Alberto Díaz y Santiago Martínez-Vares. La premisa era mantener el pulso y demostrar con firmeza que el Ayuntamiento cumpliría escrupulosamente con la ley pues saltarse la lista supondría una prevaricación, un delito por el que ya se ha inhabilitado a algún que otro munícipe, como el que fue alcalde de Villaverde, Rufino Campos.

El gabinete fue midiendo los tiempos, las intervenciones y controlando también a los acampados por si tuviera que adoptarse una medida excepcional para desalojar la Plaza Nueva. No hizo falta. Izquierda Unida hizo el trabajo restante y, sin quererlo, brindó al PP la oportunidad de demostrar que actuó de forma correcta, curiosamente, en sintonía con la presidenta Susana Díaz.

Asalto a favor de Zoido. Otra cosa es explicar ahora por qué hay cientos de viviendas municipales vacías, por qué las adjudicaciones se eternizan y Emvisesa funciona mal. Ése es otro debate y pocos entienden ahí a Zoido.