Vía Augusta

Estado de alarma

Tras fracasar en su empeño de socializar la culpa política de la gestión de la pandemia, ahora se la traslada a los jueces

Finalizados seis meses de estado de alarma, la realidad, siempre tozuda, le ha demostrado al Gobierno que no es suficiente con el marco jurídico sanitario, estatal o autonómico, para adoptar medidas que permitan seguir intentando erradicar los contagios y salvar vidas, porque las UCI de los hospitales siguen llenas y cada vez con pacientes de Covid-19 con menos edad.

Al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez no le ha bastado con desentenderse de su obligación de gestionar como mando único la pandemia desde que levantó el primer periodo de alarma. Desde el pasado verano trató de socializar también el cabreo de los ciudadanos con la gestión de la crisis vírica, intentando trasladar a las autonomías la responsabilidad de las consecuencias políticas del coronavirus.

El evidente fracaso en ese empeño, certificado no sólo por el estado de opinión que muestran varios sondeos sino por el resultado electoral de Madrid -catastrófico para el PSOE-, no le ha hecho reaccionar y mantener unas semanas más el estado de alarma, sino que ha decidido pasar la patata caliente a los jueces, que, sin instrumentos claros -leyes, por supuesto-, empiezan a interpretar de manera contradictoria las peticiones de mantenimiento de algunas de las restricciones que han estado vigentes durante el estado de alarma. La sensación de caos es, por ello, aún mayor que cuando en Navidad hubo 17 formas distintas de limitar la movilidad y regular las reuniones familiares obligadas en esas fechas.

El Gobierno, y ciertos voceros que le son afines, tratan de centrar el debate en la supuesta incoherencia de que las mismas autonomías que le pedían levantar el estado de alarma hace meses, ahora le instaban a extenderlo. Dicho así, no habría duda. Pero claro, se omite lo fundamental: que desde hace un año esos mismos ejecutivos regionales y la oposición le están reclamando que modifique la Ley Orgánica de Sanidad para dar cobertura legal a medidas como el toque de queda o el confinamiento municipal. Se trata, en definitiva, de fijar criterios objetivos, de ámbito sanitario, para poder actuar sin limitar todos y cada uno de los derechos fundamentales.

En octubre, cuando se dio de bruces de nuevo con la realidad e impuso un estado de alarma de seis meses de duración, volvieron a pedirle lo mismo: impulso legislativo para resolverlo. Han pasado seis meses y, como en tantas otras cosas, no han hecho nada. No tiene una alternativa. Y se aferra al proceso de vacunación como remedio, que lo es, pero que necesita además de otras medidas. Pero lo dicho, la realidad es tozuda. Y el pueblo, sabio. No sólo en Madrid.

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