La aldaba
Carlos Navarro Antolín
Lo dejamos ya para después de Navidad
No sería justo acabar con la actual vinculación entre el aumento de las pensiones y el alza del coste de la vida, que garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas. Pero aún es más injusto que el mayor esfuerzo colectivo que esa medida implica recaiga sobre los jóvenes actuales cuyas condiciones vitales son peores que las de sus padres y abuelos: sin trabajo o con trabajos precarios, sin vivienda y con un futuro incierto. La pensión media de un jubilado español es de 1.034 euros mensuales. ¿Cuántos jóvenes alcanzan hoy esa cantidad en sus empleos?
Es lo que hace el sistema de pensiones vigente tras la última reforma aplaudida por todas las fuerzas políticas (sólo he encontrado un rechazo firme, el del eurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano): fiar la sostenibilidad de las pensiones a las generaciones venideras. Desde el año 2011 la Seguridad Social es deficitaria; es decir, que lo que se recauda por las cotizaciones cada mes es insuficiente para cubrir las pensiones de ese mes. Si la economía sufre un proceso de inflación, el desnivel aumenta. Ayer mismo se supo que el repunte inflacionista de estos meses supondrá un gasto del Estado de 4.900 millones más en 2022. A los legisladores de esta reforma se les ha ocurrido una solución presuntamente ingeniosa y realmente extravagante: que el déficit lo afronte el Estado en vez de la Seguridad Social propiamente dicha. O sea, se cambia el agujero financiero de sitio. Lo cual obligará al Estado a subir los impuestos para asegurar la sostenibilidad del sistema o a recortar en otras prestaciones y servicios sociales. O las dos cosas a la vez.
Todo ello empeora por un problema de fondo que no se quiere abordar. La población envejece a un ritmo acelerado, la natalidad sigue en caída libre y cada vez menos trabajadores activos tienen que financiar a cada vez más trabajadores jubilados (ahora, 3,4 activos por cada jubilado; en 2050 serán sólo 1,7). Las penalizaciones a la jubilación anticipada previstas en la reforma son insuficientes.
La reforma, pues, ha elegido la vía más cómoda pero, a la larga, más insostenible. Quizás tenga que ver con el hecho de que pensionistas y jubilados son nueve millones de ciudadanos que suelen acudir a votar y los jóvenes son muchos menos y más desafectos a las urnas. Habría que ajustar hacia arriba los salarios juveniles y no hacer tan irreversibles los incrementos de las pensiones, con excepción de las mínimas. Por justicia social y generacional.
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