La aldaba
Carlos Navarro Antolín
El desgarro de la muerte en el Parlamento de Andalucía
La degradación del tejido comercial de las ciudades españolas -sólo hay que pasearse por las calles más comerciales de Sevilla para comprobarlo- en los últimos seis meses es preocupante. Los cierres de comercios se suceden, como atestigua el crecimiento exponencial de los carteles que anuncian que el local está disponible, se alquila o se vende.
No hay dudas, el paisaje es el propio de una recesión y los sectores más relacionados con el consumo -y por tanto también con el turismo- son los que acusan más, por ahora, el golpe.
La recuperación está siendo mucho más lenta de lo esperado, por más que hoy haya buenos datos de afiliación y de desempleo, según han anticipado los ministros de Seguridad Social y de Trabajo, respectivamente.
Y lo que es peor, la situación sanitaria, que empeora día a día, acerca el riesgo de que la crisis creada por un fenómeno externo a la economía como una epidemia no tenga forma de V asimétrica, como se deseaba -con una brusca caída y una reactivación a menor ritmo-, sino de W. Depende, básicamente de cómo se ataje la pandemia en el recién estrenado otoño y en el invierno.
Aunque la principal medida del Gobierno español -como otros del mundo desarrollado- está siendo efectiva para que el empleo no se desplome, no basta con los ERTE.
Hasta el Fondo Monetario Internacional, paladín de los recortes en la Gran Recesión, avisa a España de la necesidad de atinar en la gestión sanitaria y de actuar para salvar empresas, incluso, aconseja, con inyección de dinero público.
No es suficiente con sostener con la regulación temporal, sea a jornada completa o parcial, las rentas de la fuerza trabajadora.
Para salir adelante, España necesita estímulos más ambiciosos. Y también diálogo y cooperación institucional.
La clase política no está a la altura del desafío que supone la pandemia. Ni en el Gobierno, ni en la oposición. Sigue ensimismada en su burbuja de zancadillas, reproches estériles e incluso insultos.
Son urgentes políticas que potencien la inversión y la reactivación económica, tanto desde el ámbito público como en el privado. Y es vital profundizar en la colaboración público-privada.
La principal responsabilidad, lógicamente, es del Gobierno, pero la oposición no puede eludir la suya de acordar y sostener esas políticas.
Está en juego el futuro del país y no caben más vetos.
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