CUANDO una querida amiga, poco viajada y con mal oído para el inglés, vino a vernos a Estados Unidos, mi mujer le dio el siguiente consejo para calmar los nervios ante su primer vuelo transoceánico: "cada vez que la azafata te diga algo, responde yes y sonríe". Una horas más tarde la recogíamos en el aeropuerto de Boston con más de quince tazas de café en el estómago.

La generalización del café para todos fue, sin duda, clave para la conformación del Estado autonómico tal como lo conocemos en la actualidad. Al comienzo de la transición, desde Andalucía se forzó el cambio en el diseño que preveía descentralizar políticamente sólo parte del país y dejar al resto en una mera desconcentración administrativa. ¡Bendito café!, podríamos exclamar hoy, mirando hacia atrás lo conseguido en estos treinta años de autonomía. En efecto, nadie puede dudar que los principales logros del Estado Social tal como lo proclama la Constitución han sido posible gracias a las políticas públicas desarrolladas por las comunidades autónomas.

Para Andalucía, y para gran parte del país, la autonomía fue, sobre todo, un modo de asegurar que grandes sectores de población iban a tener acceso a las políticas sociales. Nada menos, pero nada más. Por supuesto que la nueva distribución territorial del poder generó toda una literatura sobre nuestra identidad como pueblo, anclada, como todo pueblo que se precie, en los albores de la historia. También se generó un nuevo (y a veces innecesario), entramado institucional, una nueva clase política, nuevas redes clientelares, etcétera. Pero conviene que todos esos árboles no nos impidan ver el bosque: tenemos un Gobierno, un Parlamento, un Defensor del Pueblo, y hasta una Cámara de Cuentas propia, no por ninguna insoslayable exigencia identitaria, sino porque creímos que de ese modo avanzaríamos hacia la igualdad social de la que nuestra tierra estaba tan necesitada. Lo expresó muy bien Carlos Cano, cuando cantaba a la bandera andaluza: "qué bonita verla en el aire, quitando penas, quitando hambre".

Sin embargo, hubo en nuestro país territorios en los que, desde el primer momento, la autonomía significó algo más. Grandes sectores de la opinión pública de Cataluña y el País Vasco veían en el autogobierno no sólo lo que veíamos en Andalucía, sino el reconocimiento político de unas características propias (como, de manera muy principal, la lengua) que no se compartían con el resto de España. En mi opinión, hicimos bien en aquel momento en alzar la voz para impedir que el reconocimiento de distintos niveles de autogobierno implicara privilegios económicos. Nuestro recelo estaba bastante bien fundado: aquellas nacionalidades eran también los territorios con mayor renta per cápita, por lo que el riesgo de una autonomía para ricos y otra para pobres era más que evidente. La igualación autonómica cumplió entonces un importantísimo papel. Solucionó, un problema, pero al mismo tiempo dejó que otro, el del reconocimiento de las diferencias, siguiera larvado, sin resolver.

Hoy, más de treinta años después, el problema político del presente no es la igualdad de todos en el disfrute de los derechos sociales (o lo que quiera que quede de ellos en el futuro), sino encontrar un modo de reconocer institucionalmente las diferencias entre unos territorios y otros sin que ello implique ningún tipo de privilegio social o económico. Cada vez hay más voces que proclaman que la búsqueda de esa fórmula será el único modo de encontrar una solución al sempiterno problema de la articulación territorial de nuestro país.

A esas voces se ha sumado esta semana la presidenta de la Junta de Andalucía, que se lo ha hecho saber así al presidente de la Generalidad de Cataluña. Creo que ha sido una iniciativa digna de aplauso. En Andalucía, ha dicho la presidenta, no hemos necesitado mossos d'Esquadra, nos ha bastado con la Guardia Civil, ni hemos tenido que regular la convivencia de otra lengua oficial con el castellano. Yo añadiría más ejemplos: tampoco tenemos necesidad de asumir competencias que están bien administradas por el Estado, como el tráfico o las prisiones, y que en Cataluña desde hace tiempo son autonómicas. Ni arreglaríamos ningún problema si algún órgano constitucional pasar a radicarse en nuestra tierra o si el heredero de la Corona hablara igual de fluido en andaluz que en inglés.

Ha llegado el momento de reconocer que no todas las comunidades autónomas tienen las mismas necesidades de reconocimiento institucional de su identidad. Para que ese plan funcione, es esencial que, precisamente en Andalucía, donde hemos sido durante tanto tiempo los adalides de la emulación autonómica (todo lo que tengas tú lo quiero yo para mí), nos demos cuenta de que ese momento político ya ha terminado. Privilegios económicos o sociales, ninguno. Diferencias entre comunidades autónomas, todas las que sean necesarias.

Pero no lo tiene fácil la presidenta andaluza. Cuando haya convencido a los soberanistas de allí de la bondad de su propuesta, tendrá que convencer a los nacionalistas de aquí de que a partir de ahora habrá que responder que no cuando alguien nos pregunte, sonriente: more coffe?