LA detención del ex consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía Ángel Ojeda Avilés por su presunta implicación en el fraude de las subvenciones para la formación de trabajadores añade un nuevo elemento de gravedad a un caso que amenaza con convertirse en un escándalo de enormes dimensiones, por encima incluso del de las supuestas irregularidades en las ayudas para los expedientes de regulación de empleo que investiga la juez Alaya y del que próximamente deberá entender el Tribunal Supremo. La detención de Ángel Ojeda, su hijo y otras seis personas supuestamente relacionadas con los hechos, se produce después de que un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía, remitido a la Fiscalía Anticorrupción de Málaga, alertara de un presunto fraude en las ayudas recibidas por empresas dedicadas a la formación de trabajadores. El informe de la Policía añadía que a partir de 2009 las empresas de Ojeda se dedicaron a la captación de las subvenciones y que habrían recibido de la Dirección General de Formación Profesional 14,6 millones. Tres empresas vinculadas a Ojeda habrían participado también en la formación de los ex trabajadores de Delphi, otra rama del mismo caso que investiga la juez Alaya y que ha supuesto ya la imputación del ex consejero de Empleo Antonio Fernández. El nombre de Ángel Ojeda, que en total podría haber recibido más de 33 millones de la Junta, había aparecido con profusión en las numerosas filtraciones que se han producido de las investigaciones policiales, por lo que su presunta implicación no ha producido sorpresa. Sí supone un nuevo dolor de cabeza para la Junta de Andalucía, dada su condición de antiguo alto cargo y la sospecha de que esta circunstancia habría sido decisiva para facilitar su acceso a las cuantiosas subvenciones ahora sometidas a escrutinio judicial. Como hemos apuntado en estas mismas páginas, el Gobierno andaluz otorgó entre 2008 y 2011 del orden de 950 millones de fondos europeos para la formación de parados. La investigación de los ERE afecta a un monto total de 720 millones. Estas cifras dan idea de la magnitud de lo que se investiga. Desgraciadamente para Andalucía, la mancha de la sospecha por el nulo control que se ejercía sobre los fondos públicos y la falta de transparencia en su Administración es ya una rémora que mancha el pasado de la Junta y que se proyecta sobre su futuro. Por supuesto que Andalucía no es, como pretenden algunos, la meca de la corrupción y ahí están Cataluña y el caso Pujol estos días como ejemplo palmario. Pero también es evidente que profundizar en la moralización de la vida pública que ha emprendido el Gobierno de Susana Díaz es una de sus tareas primordiales.