Sin coche oficial

EL Gobierno acordó ayer reducir un 66% el número de coches oficiales para los altos cargos y un 53% el parque móvil del Estado en su conjunto. Hasta 2014 -¿qué pasará después?- esta medida supondrá un ahorro de diez millones y medio de euros para las arcas públicas.

Al terminar esta cruzada anticoche oficial los vehículos de altos cargos pasarán de 207 a 103. Los grandes damnificados serán los directores generales, que se quedan sin auto, mientras que los subsecretarios verán socializado el suyo: cuando no lo estén usando quedará a disposición de sus respectivos departamentos (para los citados directores generales, por ejemplo). También afectará a las autoridades constitucionales y judiciales, así como a la administración periférica, es decir, delegados y subdelegados del Gobierno. En cuanto a las comunidades autónomas, se les informará de los nuevos criterios y está por ver si los hacen suyos.

"Ya he oído que esto es, como se dice siempre, el chocolate del loro, pero empiezas a sumar loros y es que te encuentras con una pajarería", comentó ayer aproximadamente la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, aludiendo a que tacita a tacita estos gastos superfluos que se eliminan significan un buen ahorro al Erario. En realidad el sentido profundo de la iniciativa es más simbólico y ejemplarizante que material. Se trata de predicar con el ejemplo en cuestiones de austeridad. Algo así como apretarse el cinturón la autoridad -en un signo externo tan distintivo del poder como el coche oficial- ante unos ciudadanos a los que ya no les quedan agujeros para ajustarse el propio.

Con su punto de demagogia y todo, esto de gastar menos en coches oficiales viene a homologar a nuestro país con algunas de las democracias occidentales más avanzadas, en las que la utilización de tales automóviles es muy selectiva y se ve a los ministros acudir a sus despachos en metro o en bicicleta. Aquí hemos actuado como nuevos ricos de la democracia y hasta los concejales de pueblo se han apresurado a ejercitar la ostentación en cuatro ruedas, con modelos de alta gama y cristales tintados. La seguridad ante la amenaza terrorista ha proporcionado muchas veces la excusa perfecta, pero ya no cuela, obviamente. Por otra parte, es muy difícil controlar que cada alto cargo motorizado a cuenta del presupuesto no extienda el uso del coche oficial a algunas de sus actividades privadas. Abusos los conocemos todos.

También era un contrasentido que los más acérrimos propagandistas del transporte público, la bici y el tren de cercanías predicasen estos medios para los demás mientras ellos no se bajaban del coche oficial ni por accidente. Dan pena en concreto los directores generales, porque ¿quién va a querer ser director general perdiendo dinero y teniendo que aparcar su propio coche?