NUNCA pensé que lo viviría. Sé que hay que seguir pidiendo que se protejan edificios para evitar su demolición. Como el caso del Cine Cervantes y otros como el Apolo. Pero nunca pensé que llegaría el día que se pudiera pedir en Sevilla, y aun siquiera decir, que se descataloguen edificios para que puedan ser derribados. Descatalogar para derribar. Increíble. ¿Hemos dado la vuelta y yo no me he dado cuenta?. ¿Todo está bocabajo? Escribo estas líneas por las declaraciones y noticias de toda la semana pasada sobre el edificio de la antigua comisaría de la Gavidia.

Sigo viviendo en la misma ciudad en la que a partir de junio de 1979, con la primera corporación municipal elegida después de la Constitución de 1979, se dedicaron todos los esfuerzos y medios posibles para evitar que se siguiera derribando nuestro patrimonio arquitectónico. Y por oportunidad, suerte o compromiso, me tocó vivir aquello en primera persona. Años antes se había incrementado la edificabilidad de las parcelas del casco histórico, se había promovido la demolición del caserío tradicional al impedir la revitalización de las casas patio y los corrales. Eran edificables para viviendas conventos, escuelas, cuarteles y otros elementos de interés, tanto por su arquitectura e historia como por su posible uso como equipamiento. No estaba protegida la arquitectura del XIX y XX, por lo que se podían derribar todas las obras regionalistas. Todo eso ha pasado aquí y no hace tanto. Todavía recuerdo la solicitud de una entidad financiera para derribar el edificio de Aníbal González de la Avenida, esquina a García de Vinuesa, junto con la colindante. Hubo que ponerse firme para evitarlo. Se luchó contra los derribos por abandono y ruina de los edificios por parte de los particulares. Se hicieron las primeras catalogaciones de urgencia que luego se mejoraron y completaron. El regionalismo quedó a salvo. Se incluyeron edificios del Movimiento Moderno de los años treinta y cuarenta. Y poco a poco, en una labor de años se han mejorado los catálogos y medidas de protección, siempre imperfectas, incluyendo la arquitectura de los años cincuenta y sesenta del siglo XX, en casos muy señalados. Todo eso se ha conseguido con la voluntad de los políticos, la labor de las asociaciones de protección del patrimonio, los trabajos de muchos profesionales de la arquitectura y el derecho, la aceptación del sector inmobiliario y el apoyo de los medios de comunicación.

Y ahora es el propio Ayuntamiento de la ciudad, propietario y por tanto responsable de su conservación desde hace al menos diez años, el que se plantea la opción de derribar el edificio de la comisaría de la Gavidia por mala conservación, aunque para ello haya que descatalogar. ¿Qué van a pensar todos los propietarios de edificios catalogados, obligados a conservar por ley?. Me sorprende el apoyo en este caso de asociaciones de protección y periodistas. La cuestión no es si le parece feo o bonito el edificio a cada cual. Está protegido y catalogado. Es un hecho. Ojo con desregular, que una vez abierta la puerta es difícil de cerrar.