Editorial

La corrupción y las formas

LA detención del presidente de la Diputación de Alicante y presidente provincial del PP, José Joaquín Ripoll, por su presunta vinculación a una trama corrupta relacionada con la adjudicación de contratos de basuras en la comarca de la Vega Baja, ha resucitado un viejo asunto: el uso de los instrumentos del Estado para la lucha política partidista. Las habituales acusaciones del PP de que la Fiscalía Anticorrupción y la Policía actúan selectivamente en la persecución de la corrupción y que el Ministerio del Interior utiliza ambas instituciones públicas para deteriorar al Partido Popular, pese a su gravedad, pueden ser desmentidas por los hechos, incluso desde el punto de vista estadístico. No obstante, en el caso de Ripoll la razón parece asistir al primer partido de la oposición. El presidente de la Diputación alicantina fue sorprendido en su casa, a las ocho de la mañana, quedando detenido durante doce horas mediante una operación policial innecesariamente espectacular, para después declarar durante unos minutos y quedar libre. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana se ha sentido obligado a puntualizar que no ha existido ninguna orden judicial, ni expresa ni tácita, para que el líder popular, y autoridad provincial, fuese detenido. Aunque Interior asegura que esta detención, decidida por los mandos policiales, cumple estrictamente la legalidad, pensamos que en los casos en que no hay peligrosidad social, riesgo de fuga o peligro de destrucción de pruebas, ni comisión de delito flagrante, debe ser el juez instructor el que decida siempre sobre la privación de libertad de las personas. Desde hace varios años, coincidiendo con la creciente alarma ciudadana ante la corrupción política, se está generalizando la costumbre de estigmatizar a cualquier cargo público que sea simplemente investigado o imputado. Se les esposa y coloca en situaciones humillantes, se revelan secretos del sumario y se les condena a la llamada pena de telediario, es decir, a la exposición a los medios informativos como si ya fueran culpables. Siguen siendo inocentes mientras la Justicia no dicte lo contrario después de un juicio justo. Estas prácticas deben acabar.

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