Editorial

El cupo vasco: sí es posible el debate

UNAS vagas declaraciones de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, sobre la necesidad de "modular" el cupo vasco ha generado una protesta casi unánime por parte de los políticos de esa comunidad que ha sido encabezada por el mismo lehendakari, Iñigo Urkullu. El cupo vasco no es más que el pago que realiza el País Vasco -territorio que casi goza de una independencia fiscal- al Estado por las competencias no transferidas (Defensa, Asuntos Exteriores, etcétera), las instituciones comunes (Senado, Congreso y ministerios) e infraestructuras que dependen de la Administración central (puertos, aeropuertos y AVE).

Aunque la mayoría de los políticos vascos han acusado a Díaz de "ignorancia" al hablar de dicho cupo, lo cierto es que la presidenta andaluza ha expresado en voz alta lo que desde hace mucho tiempo se dice entre murmullos en muchos foros políticos, económicos y jurídicos: los privilegios fiscales vascos no pueden ser un asunto sagrado exento de cualquier debate. Sabemos que el Concierto Económico del que disfruta el País Vasco está reconocido en la Disposición Adicional Primera de la Constitución Española y, por lo tanto, merece todo nuestro respeto, pero no podemos ignorar que son muchas las voces expertas que aseguran que estos privilegios, de vieja raigambre histórica, son incompatibles con una sociedad moderna, igualitaria y abierta.

Más allá de un sí o un no rotundos al mencionado Concierto, lo cierto es que hay terreno para el debate y en ese sentido hay que entender la genérica propuesta de Susana Díaz de "modular" el cupo. Por lo pronto, dicho diálogo debería desbloquear la situación en la que se encuentra la ley quinquenal que lo regula, que está prorrogada desde el 31 de enero de 2011 debido a que no hay acuerdo entre el Estado y el Gobierno vasco para su renovación por las excesivas pretensiones de este último.

Sin embargo, más allá de la cuestión vasca, la propuesta de Susana Díaz tiene otros objetivos. El primero de ellos es que se visualice el papel de Andalucía como comunidad autónoma garante de la igualdad entre todos los territorios que componen España. La propuesta de la presidenta andaluza tiene un ojo puesto en la futura evolución de la cuestión catalana y en la pretensión de algunos de dotar a dicha comunidad autónoma de privilegios fiscales similares a los que disfruta el País Vasco y Navarra. De alguna manera, es una forma de advertir, una vez más, que cualquier tentativa de abundar en tratos de favor hacia algunas regiones tendrá al Gobierno de Andalucía enfrente.

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