juzgado de guardia

jorge

Los deberes de la magistrada

muñoz

SEPTIEMBRE es, al igual que enero, un mes de buenos propósitos. Es época de coleccionables, de retomar los cursos de idiomas abandonados o de apuntarse a un gimnasio para reducir los efectos de los excesos de las vacaciones. Septiembre es el mes en el que se produce la tradicional apertura del año judicial. Y septiembre también es el mes en el que Alaya vuelve de sus vacaciones y debe hacer frente a los deberes que dejó pendientes.

La causa de los ERE, cuya investigación se inició a principios de 2011, está actualmente en una encrucijada. Alaya tiene pendiente aún tomarle declaración a más de la mitad de los 93 imputados, de los cuales 50 aún no han realizado el conocido paseíllo hasta las puertas de los juzgados del Prado de San Sebastián. Pero el grave retraso en la toma de estas declaraciones, algunos de los imputados llevan más de dos años sin haber sido citados a declarar, no es el único problema de una instructora que está recibiendo críticas desde los miembros del Gobierno andaluz y desde algunos de los abogados de los altos cargos imputados ante lo que consideran una "selectiva imputación" para evitar toparse con los aforados, como el propio presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en su etapa al frente de la consejería de Economía y Hacienda. La Junta y el PSOE han empleado toda su munición para reclamar que se eleve la causa al Supremo. Cierto es que, en lo que se refiere a los aforados, las críticas no están exentas de veracidad.

Alaya no podrá aguantar mucho tiempo más sin decidir qué hacer con el ex consejero de Empleo José Antonio Viera, que está marcado por la Guardia Civil desde febrero de 2012, cuando los investigadores le atribuyeron un papel clave en las millonarias ayudas concedidas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla. La juez debe aprovechar el retorno de las vacaciones para, tal y como le pide Anticorrupción, impulsar decididamente la instrucción y, si cree que aún no es el momento de elevar el caso al Tribunal Supremo, por lo menos debe acelerar la toma de declaraciones de los imputados que llevan ya citados muchos meses y años en algunos casos.

Sería imperdonable que un trabajo tan extraordinario como el que está haciendo la magistrada se viera finalmente ensombrecido por posibles nulidades que puedan dar al traste con una investigación que trata de esclarecer el dispendio de fondos públicos durante una década.

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