LA dimisión de su secretario general, Francisco Fernández Sevilla, a raíz del escándalo de las facturas falsas y el mal uso de los fondos públicos destinados a la formación para el empleo, ha sumido a la Unión General de Trabajadores de Andalucía en una grave crisis, probablemente la más trascendental de su historia contemporánea. Fernández Sevilla, que había sido elegido hace unos meses para sustituir al histórico Manuel Pastrana, ofreció su cabeza ante el cúmulo de denuncias por corrupción que han ido minando la credibilidad y la moral de uno de los dos grandes sindicatos andaluces, lo que no ha cortado, como es lógico, las investigaciones judiciales en marcha, incluyendo un registro policial en la sede central de la organización. También la Junta de Andalucía se ha distanciado del sindicato hermano, revisando el destino de cuantiosas ayudas que le ha estado proporcionando en el marco de los acuerdos de concertación social espléndidamente dotados por el Gobierno andaluz y que igualmente han beneficiado a CCOO y a la patronal CEA. El cese del secretario general ha creado en UGT-A una situación de interinidad y desconcierto que ha de despejarse a corto plazo. De acuerdo con los estatutos de la central, el comité regional extraordinario que ha sido convocado pasado mañana, jueves, tendrá que decidir el futuro inmediato de esta formación sindical. No es ningún secreto que el comité está dividido al respecto. Un influyente sector del mismo, nucleado en torno a la federación de servicios públicos y vinculado a la cúpula anterior, propone la elección directa de un nuevo secretario general al frente de una nueva ejecutiva. Otro sector, con fuerte presencia en el metal y la construcción y apoyo difícilmente cuantificable de los afiliados de base, además de los críticos que han sido derrotados en procesos anteriores, considera, por el contrario, que el sindicato necesita pasar página de la etapa de liderazgo de Pastrana y Sevilla y reconstruirse sobre nuevas premisas ideológicas, organizativas y personales, recuperando la autonomía de la central en relación con el poder político y abortando las prácticas consolidadas de manejo indebido de los fondos públicos. Los delegados del comité, que representan al conjunto de la organización, tienen ante sí la papeleta de dilucidar si UGT es capaz de restaurar su imagen pública y recuperar la credibilidad perdida mediante una renovación controlada que ataje el escándalo e impulse nuevos modos de gestión y relación con la Junta o si, por el contrario, le hace falta un congreso extraordinario con un contenido claramente rupturista con la dirección anterior. El jueves se comprobará si se ha impuesto la continuidad o la ruptura.