Lo que digan los ciudadanos

Ala recién elegida secretaria general de Podemos en Sevilla, Begoña Gutiérrez, le ha preguntado el colega Juan Miguel Vega si es cierto que en caso de llegar al poder pensaba plantearse la prohibición de la Semana Santa. La ha liado parda con su respuesta.

Cualquier político con dos dedos de frente habría contestado: eso no está en discusión. O lo que ha dicho la propia Gutiérrez: "La Semana Santa es patrimonio cultural de Sevilla y Podemos Sevilla no se cuestiona su celebración". Lo malo es que esto último fue lo que contestó de segundas, una vez constatada -en las redes sociales, naturalmente- la masiva y unánime reacción contra la estupidez anterior.

Porque lo que respondió en primera instancia a la pregunta de Vega fue que Podemos defiende que todo lo decidan los ciudadanos (y ciudadanas, por supuesto) y, por lo tanto, también la celebración de la Semana Santa podría ser sometida a consulta popular. La rectificación obligada estuvo bien, pero importa más el hecho de que, interrogada al respecto, Begoña, como un acto reflejo o un lapsus espontáneo, contestara a bote pronto una tontería tan grande.

Tontería que procede de la concepción podemista de la política: todo lo que no sea democracia directa debe ser apartado de la vida pública, todo lo que no sea devolver al pueblo la palabra secuestrada por la casta hay que eludirlo, todas las decisiones tienen que tomarlas los ciudadanos (y ciudadanas, desde luego) en vez de dejarlas en manos de sus representantes electos, corrompibles por definición frente al pueblo soberano, por definición incorruptible y libre de error.

Lo que llama más la atención es que una responsable política -lo siento, pero ya no es una ciudadana de base- que pretende gobernar la cuarta o quinta capital de España no tenga nada claro que la Semana Santa, o la Feria o el Corpus, con una tradición de siglos a sus espaldas, no pueden someterse a referéndum. Ninguna de ellas se celebra por acuerdo del Ayuntamiento, sino por voluntad firme, reiterada, resuelta y sentida de los ciudadanos (y ciudadanas, naturalmente). La sola idea de que si a alguien se le ocurriera pedir su prohibición el alcalde aceptara organizar una consulta sobre ella, que es la primera idea que le vino a la cabeza a Gutiérrez, ya revela el grado de su inanidad.

¿Por qué no se pide a los ciudadanos (y ciudadanas, faltaría más) que decidan si se aplica o no la ley de la gravedad?