EN la actualidad hay más de 160 bancos centrales en todo el mundo que disfrutan del exclusivo privilegio de ser la única institución autorizada a imprimir el dinero de curso legar en sus respectivos países. Tan familiarizados estamos con la situación, que nos resulta inconcebible que pudiera ser de otra forma, aunque en realidad se trata de algo relativamente novedoso. El monopolio para la fabricación de moneda y billetes sólo tiene algo más de un siglo de historia en la mayoría de los casos, con algunas excepciones como la del Banco de Inglaterra, creado allá por el 1700 con la finalidad, como todos los bancos centrales, de financiar a los derrochadores gobernantes en sus excesos militares y de todo tipo, aunque la emisión privada de moneda y billetes se mantendría durante casi todo el siglo XVIII.

La hegemonía de los bancos centrales se afianza en torno a las monedas nacionales respaldadas por sus reservas en oro, que trajo estabilidad y prosperidad durante el último tercio del siglo XIX y hasta la I Guerra Mundial. Después vino el caos. Precios y tipos de cambio se hicieron ingobernables, hasta que el paréntesis de Bretton Woods, en 1944, consiguió restablecer una calma que a duras penas se prolongaría durante un par de décadas. Desde que en 1971 se suspendió la convertibilidad del dólar en oro, el sistema se basa en una relación fundamental de confianza, cuyo futuro se encuentra en estos momentos en entredicho. Los bancos centrales también han entrado en crisis, al debilitarse la confianza en su capacidad para garantizar el valor de sus monedas. La crisis del euro tiene parte de culpa, pero también el nerviosismo de los más escépticos sobre la capacidad de un dólar debilitado para sostener el peso de un sistema monetario con graves fisuras y distorsiones de liquidez.

A la vista del interés sobre el futuro de la gobernanza y la regulación financiera internacional, o de las últimas iniciativas de los líderes europeos para afianzar las bases del sistema bancario en la Eurozona, no parecen previsibles cambios fundamentales a corto plazo, aunque las fisuras resulten cada vez más visibles. Se cuestiona el propio papel de los bancos centrales, el armazón moral del sistema e incluso la idoneidad de sus procedimientos para incorporar las desconcertantes oportunidades tecnológicas; y las conclusiones generalmente apuntan mucho más allá de una simple mutación en el conjunto del sistema bancario. Si el dinero legal resulta definitivamente desplazado por el electrónico, como no sería descartable a la vista de las posibilidades tecnológicas acreditadas por los falsificadores de moneda, no sólo se verían afectados los procedimientos convencionales de pago y compensación, sino también el papel de los bancos centrales como responsables de la creación de su propio dinero y de controlar el que generan los bancos. En un escenario de estas características, lo que dejaría de tener sentido es la multitud de monedas de curso legal que proliferan por todo el mundo y que no tendrían otra justificación que la de permitir a sus gobernantes repartir entre sus ciudadanos las consecuencias de sus errores.