La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político son los valores superiores que inspiran nuestra convivencia. No pueden contradecirse entre sí y el Estado, que no es la suma de diecisiete comunidades y dos ciudades autónomas, tiene la responsabilidad de preservarlos y hacerlos efectivos. Por eso la Constitución encomienda al Gobierno de España la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones. Cuenta para ello con instrumentos sólidos para hacerlos efectivos. Uno de ellos, y no el menos importante, es la política fiscal. De ahí que uno sienta un cierto estupor cuando, al leer el documento firmado por los presidentes de Andalucía y la Comunidad Valenciana, se encuentra al comienzo con una afirmación absolutamente insólita e indemostrable: la capacidad de las CCAA para decidir sobre sus ingresos, dicen los presidentes, se encuentra limitada porque carecen de capacidad normativa en la imposición indirecta y de capacidad de gestión de los grandes impuestos de que participan. Dicho esto, concluyen que la falta de capacidad normativa en la imposición indirecta ha supuesto una merma de recursos de más de 72.400 millones entre 2010 y 2018 (11.400 millones el último año). Ni es comprensible la afirmación de partida (¿diecisiete IVA en España?) ni es demostrable la conclusión.

Pero, con ser este comienzo bastante impactante, lo que desconcierta de la lectura de todo el documento es que parece que los firmantes han descubierto que de la bilateralidad (o incluso la multilateralidad) entre CCAA resultará una mayor efectividad del principio de igualdad de los españoles. Peregrina idea que tiene su origen en una confusión bastante generalizada y que, en su día, fue propiciada por el nacionalismo catalán para tratar de demostrar, con unas más que confusas balanzas fiscales, que España robaba a Cataluña. Además de hacer un totum revolutum con ingresos de distinto origen y gastos de diferente naturaleza, la estrategia del nacionalismo fue confundir autonomía financiera con soberanismo fiscal, como si cada territorio tuviera plena autoridad sobre los ingresos fiscales recaudados en su comunidad y, a partir de ahí, sólo hubiera que negociar la dimensión del cupo de solidaridad que (positiva o negativa) cada Comunidad debería entregar al Estado para que éste pudiera compensar las desigualdades. Una especie de sistema como los de País Vasco y Navarra para todas las CCAA, moderado por el Estado, que derivaría en una quiebra decisiva del principio de equidad. Tras leer el documento de la reunión de presidentes, tengo la impresión de que estamos en esta senda: a partir de la confusión entre soberanía y autonomía financiera y del método de las balanzas fiscales se está imponiendo una teoría próxima al soberanismo fiscal, que convertiría al Estado no en un garante de la igualdad de todos los españoles, sino en un mero moderador de las desigualdades entre ellos.

En ocasiones la metodología del trabajo termina arruinado los objetivos y me parece que ésta es una de ellas. Fastidia tener que recordar que quienes tributamos somos los españoles, vivamos donde vivamos, para que todos los compatriotas tengamos un mismo nivel de servicios públicos vivamos, también, donde vivamos. Este debe ser el punto de partida: las necesidades de financiación de los servicios públicos fundamentales y su distribución territorial en función de las necesidades de la población y de los criterios acordados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Partir de lo que se recauda en cada territorio es un mal principio. Pero el comunicado de los presidentes se empeña en avanzar por camino de la recaudación interna: la Comunidad Valenciana y Andalucía, dicen, son partidarias de mejorar la capacidad tributaria de las CCAA de cara a aumentar la corresponsabilidad fiscal. Es decir, de reducir el papel del Estado como garante de la igualdad y potenciar el de las CCAA. Pues bien: si se empeñan en empezar por esta senda, sería bueno recordarles que, en 2019, se liquidaron por IRPF en Andalucía 663 euros por habitante; en Valencia: 849; Y, si miramos las comunidades que, según ha dicho el presidente andaluz, serán sus próximos interlocutores: en Castilla y León: 900,3 euros; en Galicia: 868,4 y en Madrid: 1.846. No parece, pues, que esto de aumentar la capacidad tributaria de las CCAA y reducir consecuentemente la del Estado vaya a ser buen negocio para Andalucía.

El modelo de financiación actual (y así se reconoce en el documento de los presidentes) ha aportado un volumen de recursos adicionales para reforzar el estado de bienestar sobre el sistema de 2002. Es decir, que mejoró al anterior. Pero lo cierto es que su aplicación práctica ha puesto de relieve que "la equidad horizontal" del modelo ha generado una insuficiencia global en 2019 de 16.400 M de euros para el conjunto de las CCAA de régimen común. En este punto podemos estar de acuerdo porque los recortes sanitarios y educativos tras la crisis de 2008 han mermado sustancialmente los recursos, algo que es urgente corregir desde los presupuestos del Estado. Ahí sí que hay un problema que deberá solucionarse sin necesidad de apelar a una mayor soberanía fiscal con regulación incluida del IVA.

Ahora bien, luego de aumentar los recursos del sistema viene el reparto. Y aquí nos topamos con un problema que no puede tener solución con este bilateralismo multilateral entre CCAA que patrocinan Moreno y Puig. Porque el reparto de los recursos globales de un modelo de financiación es un juego de suma cero: subir el trozo del pastel de unas comunidades supondrá reducir el de otras. Y es obvio que ninguna de las mejor financiadas va a renunciar a su statu quo. En 2019, después de aplicar los fondos de convergencia, Andalucía obtuvo 2.650,6 euros por habitante y la Comunidad Valenciana, 2.596,6. Aquí hay una coincidencia en el lamento: la media por habitante del conjunto de las CCAA fue de 2.810,2 euros per cápita. Pero resulta que los que dicen que van a ser próximos socios en este diálogo intercomunitario recibieron bastante más: Galicia. 3.076,3; y Castilla y León, 3.234,2. ¿Van a estar dispuestas a que todo lo que se añada a la bolsa común se lo lleven otros? Me temo que pasará lo de siempre: unas defenderán que el reparto se haga por la población, otras por la población ajustada teniendo en cuenta la dispersión, el envejecimiento, la insularidad o la concentración urbana; alguna pedirá que se tenga en cuenta el PIB per cápita y otras, la tasa de paro. Ponerse de acuerdo en esto no podrá hacerse sin la moderación de un arbitraje que, por lo demás, ya está determinado en la Constitución: el Estado, es decir, el gobierno de España y las Cortes Generales. Sería, pues, tarea imposible y disparatada si pretendiéramos hacerlo al margen de quien tiene atribuida en exclusiva la competencia de garantizar la igualdad de todos los españoles. Pongamos, pues, un poco de sentido común que, en este caso, es también un poco de sentido constitucional.