EN la actual situación española, con nuestra economía agonizante y sin dar muestras de reacción, el paro desbocado y una amenaza real de intervención encima de la mesa, la convocatoria de huelga para paralizar el sector ferroviario en uno de los días de mayor tráfico del año es, sencillamente, una irresponsabilidad. Lo es porque lanza hacia fuera un mensaje de caos y de desgobierno en el momento que menos le conviene a España y porque, hacia dentro, perjudica a millones de ciudadanos que de nuevo son cogidos como rehenes. Una vez más, los sindicatos no han sabido estar a la altura de las circunstancias y una vez más anteponen sus intereses a los derechos de sus conciudadanos. El conflicto, que además trata de condicionar decisiones estratégicas de la empresa, pone de relieve, como se ha reiterado en incontables ocasiones, la necesidad de que en nuestro país exista una regulación de la huelga en los servicios públicos esenciales. Llevamos demasiadas décadas permitiendo que se aprovechen las fechas en las que más daño se hace a los usuarios para plantear sus reivindicaciones y exigencias. Desgraciadamente, estamos acostumbrados a que pilotos, controladores o ferrovarios intenten fastidiar las vacaciones a sus compatriotas. En esta ocasión son seiscientos los trenes que se cancelaron ayer y más de cuatro millones de euros los que se le restan a la compañía en unos momentos en los que se juega su futuro. Un perjuicio económico y social tan gratuito como estéril. Los tiempos que corren requieren el compromiso de todos para intentar salir del agujero en el que nos hemos metido. Esta exigencia de responsabilidad afecta a todos los agentes sociales y los sindicatos no pueden estar ausentes. Hasta ahora han dado muy pocas muestras de saber arrimar el hombro. La huelga de ayer en Renfe es un ejemplo más de cómo la irresponsabilidad y la demagogia puede hacer daño a un país.

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