España tiene la economía más castigada por la crisis provocada por la pandemia de Covid-19 de todo el mundo desarrollado, según acaba de confirmar la OCDE. No sólo tendrá el mayor retroceso en su PIB, sino que el ritmo de recuperación será menor del previsto a partir de 2021, cuando una exitosa vacunación permita superar la emergencia sanitaria global que vive el mundo desde finales de 2019, cuando se detectó la nueva enfermedad en China.

Gran parte de esa recuperación dependerá no sólo de que los factores que han congelado la economía -las restricciones a la movilidad que ha hecho que se evapore el turismo, una de las principales fuentes de riqueza, como comprobamos por sus negativas consecuencias en Sevilla-, sino también de que las medidas puestas en marcha para la reactivación funcionen.

En ello tendrá un papel fundamental ejecución de los fondos europeos adscritos al programan Next Generation UE, que prometen para España un maná de 140.000 millones de euros, en buena parte a fondo perdido.

Esos fondos proponen relanzar la actividad productiva de manera transformadora, con la transición energética para frenar la emergencia climática y la digitalización como ejes principales de acción.

La Comisión Europea ha elaborado un reglamento que fija cómo implementar esos fondos. Y lo ha hecho con criterios muy objetivos, lo que es una estupenda noticia, en un país con una bajísima ejecución de los programas europeos de financiación y con un historial preocupante en cuanto a la utilidad de los proyectos financiados.

Pero siempre queda un margen para que el Gobierno del Estado miembro escoja, priorice y ejecute esos fondos.

Hay un creciente recelo sobre esa cuestión en el mundo económico. Una percepción que se ha instalado también en Andalucía en la Administración autonómica, que se ha tomado muy en serio la proposición de proyectos que verdaderamente ayuden a transformar el tejido productivo de la región, para no depender tanto del sector servicios y mejorar su capacidad industrial. Las dudas que todos los agentes económicos relevantes -FMI, Banco de España, Airef, entre otros- han sembrado sobre el Presupuesto de 2021 aprobados ayer incrementan ese recelo.

Hay que estar, por tanto, muy atentos a la letra pequeña del proceso de asignación de la financiación de los proyectos, para que sean verdaderamente útiles para que Andalucía y España superen este trance sobrevenido de la pandemia.