Editorial

Un plan contra la exclusión

EL Gobierno andaluz aprobó ayer el anunciado decreto ley de lucha contra la exclusión social. Con la puesta en marcha de este programa se busca proteger a las familias andaluzas más vulnerables a la crisis y ayudar a los sectores que a consecuencia de la misma se encuentran en riesgo de ser expulsados del sistema. El contenido del decreto fue explicado ayer mismo por la consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero. Incluye un plan extraordinario de acción social, dotado con 60 millones de euros, para favorecer la contratación por los ayuntamientos de desempleados durante un periodo de entre quince días y tres meses -con prioridad para las familias con todos sus miembros en paro, numerosas con menores a su cargo, personas con discapacidad y víctimas de la violencia de género-, y otro de financiación de ayudas a domicilio, que destinará 20 millones a paliar los recortes registrados en la ayuda estatal a la dependencia; un plan de solidaridad y garantía alimentaria, con un presupuesto de 16 millones, que garantizará tres comidas diarias a los escolares de familias pobres y menús baratos a los centros de mayores en peligro de sufrir una alimentación deficitaria; y, finalmente, una dotación extraordinaria de 44 millones para el llamado Ingreso Mínimo de Solidaridad, que solicitaron en 2012 un total de 55.000 andaluces, cuyos trámites serán agilizados. En total, 120 millones de euros para tres programas que intentan combatir el aumento de la pobreza que ha experimentado Andalucía desde el inicio de la crisis económica que mantiene a la comunidad autónoma a la cabeza del número de parados, la principal causa de exclusión y marginación. Son medidas necesarias para evitar que la cohesión social se resquebraje aún más y que responden a un elemental deber de solidaridad de la sociedad andaluza con sus sectores más desfavorecidos. A la vez, constituyen una respuesta conveniente, aunque insuficiente, al problema de pobreza severa que se cierne sobre una parte creciente de la población de Andalucía. Lo que sobra de este plan, que simboliza la llamada agenda social del Gobierno bipartito de la Junta, es la ambición con que ha sido presentado por los responsables autonómicos. Ni es la solución de raíz a las graves carencias que la crisis ha provocado o profundizado en esta comunidad autónoma ni la propia Junta puede excluirse gracias a este programa de sus innegables responsabilidades en la gestación de la crisis y en la generación de pobreza. Estamos ante una acción paliativa, que debe ser saludada favorablemente sin ambages, no ante la construcción de una alternativa a la política económica que la ha hecho necesaria y urgente.

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