El presupuesto Nonato

NONATO es el epíteto de San Ramón, religioso del siglo XIII del que se dice que no llegó a nacer porque vino al mundo por cesárea desde el vientre de su madre muerta. La historia evoca lo que puede ocurrir con los Presupuestos Generales del Estado para 2013. Para muchos es el proyecto de Presupuestos más peculiar de la historia, y para otros es sencillamente el peor de todos. La condición de nonato no será, sin embargo, la consecuencia de su decapitación en el trámite parlamentario, sino de la condicionalidad a la petición de rescate que seguramente realizará el Gobierno antes de su entrada en vigor y que, con toda probabilidad, obligará a modificar las pensiones, la financiación autonómica y municipal y el número y el sueldo de los funcionarios, así como a nuevas subidas de impuestos. En definitiva, cuatro de las piezas más difíciles de encajar en cualquier proyecto de presupuestos, pero sobre todo en unas circunstancias tan restrictivas como las actuales, lo que obliga a pensar en que será necesario repetir el ejercicio.

Las pensiones y la subida de impuestos son particularmente delicadas por sus enormes costes de impopularidad, por lo que sería absurdo desaprovechar la oportunidad de compartir la carga con la troika que nos la imponga. El coste político de los recortes a las autonomías y a los ayuntamientos, así como a los funcionarios, es mucho menor, salvo para los colectivos directamente afectados, lo que permite al Gobierno asumir la mayor parte del mismo, al tiempo que consigue reforzar su imagen de compromiso con la austeridad y convencer de sus esfuerzos en la búsqueda del consenso para la gestión de una situación extraordinariamente compleja.

Sólo desde el convencimiento de la necesidad de una reelaboración profunda se puede entender la defensa de un cuadro macroeconómico desfasado, con previsiones entre dos y tres veces más optimistas que la práctica totalidad de los organismos internacionales y analistas nacionales. Puede parecer absurdo, pero da la impresión de pretender enmascarar el debilitamiento de la capacidad recaudatoria del actual sistema fiscal y la insostenibilidad de otras pretensiones, como la de ajustar las pensiones al IPC o la de conseguir un recorte efectivo en el gasto por prestaciones por desempleo. Pero la característica más acusada de este proyecto es sin duda el coste de la deuda pública. 38.600 millones de euros por pago de intereses, que además se han estimado en un escenario financiero más parecido al que cabe esperar inmediatamente después de la petición del rescate a Europa, que al efectivamente soportado durante los meses transcurridos de 2012. En cualquier caso, un escenario caótico porque obliga al Estado a mantener la vertiginosa dinámica de endeudamiento de los últimos años, que en el próximo llegará a superar el 90% del PIB, que es más del doble que en 2008. Lo peor de todo es que la situación no podrá comenzar a enderezarse mientras no se consiga cerrar las cuentas de todo el sector público con un superávit primario (sin contar los intereses) del entorno del 4% del PIB, y esto es algo que desgraciadamente no va a ocurrir durante esta década.