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Rafael / Padilla

Una sentencia peligrosa

LES confieso que empiezo a no entender lo que nos pasa. Ya llevo mal que nuestra clase política se muestre incapaz de reaccionar frente al cáncer de una corrupción generalizada que amenaza con destrozar todos nuestros equilibrios. Todavía me desesperanza más que, al hilo de sus golferías e ineptitudes, florezcan populismos trasnochados, olvidadizos del inasumible daño consustancial a sus ideas. Como si no conociéramos la Historia, la nuestra y la de otros, el país se encamina, extrañamente eufórico, hacia el infierno. Nada parece a salvo de los vientos negros que aceleradamente llegan. Incluso ni la propia Justicia, la última frontera, la garantía máxima de cualquier democracia, permanece al margen de la insensatez.

He leído varias veces la sentencia de la Audiencia Nacional por la que se absuelve a los asaltantes al parlamento catalán. Me negaba a aceptar que de mentes obligadamente objetivas procedieran razonamientos tan disparatados. Pero dice lo que dice. No es de recibo que el ponente, con el beneplácito de un segundo voto decisorio, hilara los argumentos estrafalarios que allí se recogen: subrayar que los cauces de expresión se encuentran secuestrados por medios de comunicación privados es, como poco, una opinión manifiestamente tendenciosa, subjetiva e inexacta; justificar, por ello, la bondad de un "cierto exceso", ganas de amparar ámbitos de impunidad que en absoluto caben en el marco de nuestra legalidad; reclamar, en defensa de dicha libertad de expresión, "un amplio espacio exento de coacción", una trampa dialéctica que apenas esconde la alegría del tribunal por la naciente kale borroka.

Es justamente lo que ni puede ni debe hacer un juez. Nadie, ni él, está por encima del ordenamiento. Su función consiste y acaba en aplicar las normas, le gusten o no. ¿Sería admisible vivir en una sociedad en la que la magistratura, a su capricho y según sus particulares intereses y convicciones, marcara en cada caso las reglas? Desde luego que no. Eso, que nos aboca al imperio de una peligrosísima inseguridad jurídica, es una aberración que tiene que ser radicalmente extirpada.

Se anuncian varios recursos. Les deseo la mejor fortuna. No tanto por los parlamentarios acosados, que también, como por mí y por usted. Por las expectativas razonables de un pueblo que, de no poder confiar en las leyes, en su primacía indiscutida, quedaría estúpidamente condenado a la temible dictadura de las togas.

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