Editorial
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El Gobierno central ha anticipado 7.250 millones de euros de los fondos de reconstrucción europeos para que sean adjudicados y gestionados por las comunidades autónomas. De los 19.000 millones de euros que España recibirá en 2021, 10.500 millones serán gestionados por los gobiernos autonómicos. Ahora será cada Ministerio inversor el que acuerde con las comunidades las adjudicaciones. Éste fue uno de los anuncios que el presidente Pedro Sánchez realizó en la pasada Conferencia de Presidentes de Salamanca, y con ello satisface una vieja demanda autonómica. La naturaleza del fondo no cambia, el dinero se debe destinar a inversiones y reformas prefijadas con la Unión Europea, no son ayudas a los presupuestos autonómicos ni subvenciones de libre destino. Que las comunidades gestionen una parte de los 19.000 millones de euros no garantiza, de por sí, un mejor uso de este fondo, pero sí introduce un elemento democratizador. Ya no sólo será Moncloa y cada Ministerio los que controlen los destinos de los 70.000 millones de euros, sino que entran en juego otras administraciones. Entendemos que el control, por plural, será mayor que con el modelo previsto hasta ahora, que era muy centralista dentro del propio Gobierno, porque prácticamente iba a ser Moncloa la que decidiese el destino. Hay países europeos, no todos, en los que la gestión de los fondos se ha puesto en mano de una comisión especial e independiente. España va a recibir a lo largo de estos años 70.000 millones de euros que deben destinarse a inversiones y reformas de determinados sectores para salvar la crisis económica causada por el Covid. Los primeros 9.000 millones de euros llegarán en agosto y serán de éstos de los que las comunidades obtengan parte del pastel. No obstante, las comunidades también gestionarán otros 8.000 millones de euros de los fondos React, que es otro ramal de las ayudas. Cabe llamar la atención sobre el cambio que ha dado la Generalitat de Cataluña, que ha tenido que incorporarse a estas reuniones sectoriales al tener confirmación de que el Gobierno no negociará sobre estos fondos en comisiones bilaterales con cada autonomía.
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