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Todo lo que se ha hecho mal en Ceuta

Marlaska quiso que las devoluciones pasasen desapercibidas porque sus socios se opondrían o por creerlas vergonzantes

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, sigue sin dar unas explicaciones correctas del procedimiento de repatriación que se ha iniciado con los menores inmigrantes que entraron en Ceuta el pasado mes de mayo. El ministro ha querido que la devolución de unos 800 menores pase desapercibida, quizás porque en su Gobierno consideren vergonzante que se repatríen a estas personas. O porque sabía que una parte del Ejecutivo se iba a oponer. O lo que es peor, que no estaba seguro de su legalidad. Ha sido el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan José Vivas, quien está dando unas explicaciones que debían haber sido desarrolladas al principio. Con el actual reglamento de la Ley de Extranjería no se pueden devolver a menores no acompañados a sus países de origen, pero hay un acuerdo bilateral con Marruecos que sí permite la repatriación bajo determinadas condiciones. Ese acuerdo, que establece una vía alternativa a la Ley de Extranjería, es de 2007, pero no se publicó en el BOE hasta 2013. Se autorizan las devoluciones, pero de acuerdo "a lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño". Según ha explicado Vivas, fue Ceuta la que solicitó la activación de ese acuerdo, debido a que la situación en la ciudad se hace insostenible: no tiene recursos ni capacidad para dar el tratamiento exigible a los menores. Entendemos que los gobiernos ceutíes y español busquen estas repatriaciones, porque supone la restitución de una entrada masiva que fue alentada por las autoridades de Marruecos. Y comprendemos que si los tribunales no autorizan las devoluciones, habrá que enviar a los menores a otras regiones porque la ciudad autónoma no se puede hacer cargo de ellos. Pero se debe respetar la legislación española e internacional. Es un Juzgado de lo Contencioso, de Ceuta, el que decidirá si prosiguen las repatriaciones o si son irregulares.

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