Los ciudadanos asistimos con estupefacción a la trifulca que se ha organizado entre los partidos del Gobierno y la oposición con motivo de la anunciada ley de Vivienda, un texto que aún no está redactado y del que sólo conocemos algunas líneas principales, como la pretendida intervención de los precios de los alquileres de los grandes propietarios, el recargo del IBI hasta un 150% a los pisos sin alquilar o las ayudas directas a jóvenes para poder encontrar una vivienda en la que emanciparse (conejo sacado de la chistera por el presidente Pedro Sánchez a última hora que ni sus socios de Podemos del Gobierno conocían). Lo curioso es el tremendo ruido que se ha generado en torno a una ley que, como decíamos, todavía no es más que un deseo y que aún ni siquiera tiene definidos conceptos fundamentales de la misma, como son las famosas zonas tensionadas que el Ejecutivo pretende intervenir para abaratar los alquileres. El PP ya se ha apresurado a decir que recurrirá la ley al Tribunal Constitucional y que no se aplicará en las comunidades autónomas y ayuntamientos gobernados por esta formación. Un ejemplo claro de la insustancialidad de lo que se va sabiendo es que una de las líneas maestras de la posible ley será el ya mencionado recargo del IBI, un impuesto municipal en el que el Gobierno central tiene poco que decir. Cualquier Ayuntamiento de pueblo puede obviar dicha parte de la ley. Al final, lo que se observa es la frivolidad con la que está tratando el Gobierno este asunto (algo motivado por la necesidad de Sánchez de cerrar un acuerdo para aprobar los Presupuestos de 2022) y la precipitación de la oposición, que dispara antes de preguntar. La política debe ejercerse sobre realidades y documentos maduros, no sobre ruedas de prensa y declaraciones repentinas. Es cierto que en España hay un problema importante con el acceso a la vivienda (un derecho constitucional, no se olvide) y que un Gobierno que se precie debe hacer lo posible para, sin conculcar derechos fundamentales como la propiedad privada, darle una respuesta. Por ahora, la anunciada ley de Vivienda está aportando más ruido que soluciones.