En un lugar tan poco apropiado como un mitin de un congreso de un partido, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció que el Consejo de Ministros se dispone a aprobar hoy una nueva formulación del impuesto sobre las plusvalías. Al grito de el "lunes os lo arreglo", la ministra lanzaba esta promesa a los alcaldes. Dicho y hecho. Los ciudadanos españoles llevan lustros pagando un impuesto cuando venden una vivienda que el Tribunal Constitucional declaró nulo el mes pasado, al juzgar que no había un criterio objetivo que calculase cuánto se había sobrevalorado un inmueble en el momento de la venta respecto a la adquisición. Mediante un real decreto ley, se supone que el Gobierno arreglará este fallo hoy mismo, de manera que los ayuntamientos no pierdan ni un mes en poder seguir cobrando un impuesto que, en su formulación, carecía de una regla objetiva. Se cobraba, aunque el inmueble hubiera perdido valor. Llama la atención la urgencia del Gobierno en resolver un problema que, en efecto, es lesivo para los ayuntamientos, pero lo más lo ha sido para los ciudadanos. El Gobierno dejará que sea el contribuyente el que elija entre dos criterios para calcular el aumento del valor del inmueble. Se utilizarán las diferencias catastrales o la de los precios de venta y de compra. El decreto permitirá cobrar también si la vivienda se vende antes del primer año de la adquisición, con el supuesto argumento de que así se evita la especulación. Habrá que revisar bien cómo se formula el impuesto, porque lo que ha demostrado la sentencia del Constitucional es que los ayuntamientos venían cobrando cantidades arbitrarias, cuando no abusivas, sobre una revalorización de un bien que siempre se daba por supuesto. Entendemos que es una fuente de financiación municipal esencial, pero los ciudadanos también deberían ser observados con el mismo mimo con el que la ministra de Hacienda cuida a sus alcaldes.