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Tribuna

JOSÉ MARÍA PÉREZ JIMÉNEZ PEDRO E. GARCÍA BALLESTEROS

Inspectores de Educación

Políticas de escolarización

Se trata de responder políticamente al dilema: una escuela auténticamente pública para todos, versus cada clase social con su escuela

Políticas de escolarización Políticas de escolarización

Políticas de escolarización

En estos días muchas familias se encuentran atareadas y, en algunos casos, alteradas por la escolarización de sus hijos. Les preocupa saber si podrán acceder al centro educativo solicitado en el que permanecerán durante varios años. Pero disponer de una buena escolarización no es sólo un asunto de madres y padres, ya que en la misma influyen decisivamente las políticas correspondientes. Es decir, la organización de la red escolar pública, la distribución de las zonas escolares, así como los criterios de admisión, condicionan enormemente la escolarización del alumnado y, por tanto, influirán decisivamente en la equidad e inclusión social, rasgos inherentes a toda educación pública. Si la escolarización no garantiza la auténtica igualdad en el acceso, independientemente de las condiciones económicas o sociales de las personas, contribuirá a agudizar uno de nuestros grandes problemas educativos: la segregación escolar, es decir, la separación del alumnado en distintos centros por motivos socioeconómicos, lo que contribuye a herir de gravedad el sistema público de enseñanza.

La ONU y la Comisión Europea han advertido a España de la falta de inclusión y la creciente segregación de nuestro sistema educativo. La organización Save the Children, lo evidenció de forma precisa con datos alarmantes en el informe Mézclate conmigo, en el que sitúa a la segregación escolar como el problema fundamental de la educación en España. En los últimos diez años, el índice de segregación español ha aumentado un 13,4%, ostentando el sexto puesto en el triste escalafón de los países europeos más segregadores, muy por encima del promedio. Lo anterior ha dado lugar a un incremento considerable de las denominadas "escuelas gueto", en las que se concentran un número elevado de alumnado con situación socioeconómica desfavorable, llegando a afectar al 46,8% de los centros, la gran mayoría de los cuales son públicos.

Somos conscientes que reducir la igualdad de oportunidades a igualdad de acceso a los centros educativos es hacer abstracción, ingenua o interesada, de la creciente desigualdad social que lastra una supuesta equidad educativa. La sociología ha constatado, por ejemplo en el I Informe del Observatorio de la Desigualdad de Andalucía, que el nivel de formación parental es un factor determinante de la desigualdad en las oportunidades educativas. O que las familias más vulnerables son las que menos disfrutan de la Educación Infantil de 0 a 3 años. O, por último, que los jóvenes procedentes de hogares de menor renta son los que mantienen mayores índices de abandono escolar temprano. Es decir, una supuesta igualdad de acceso a los centros y, por tanto, a las oportunidades educativas no ataca los problemas de raíz, no siendo la única solución de los mismos. Pero los datos de segregación citados agravan la situación, al impedir la posibilidad de un equilibrio en la formación, e incluso, de un posible ascenso social y cultural que todo sistema público de educación debe facilitar.

En contra de las amenazas que acechan, las políticas de escolarización deben cambiar, poniendo el norte en un ataque frontal a la segregación escolar. Sobre las modificaciones que, en este sentido, se anuncian en Andalucía reclamamos, como inspectores de educación, que naveguen inequívocamente en este sentido. Basándonos en las propuestas que realiza Save the Children, apelamos a las siguientes medidas: los centros o las líneas escolares deben abrirse o clausurarse según criterios de inclusión, ampliando en las zonas con mayores riesgos; adscripción a un mismo instituto de una combinación de colegios que permita la heterogeneidad social, para evitar el sesgo clasista en los centros de Secundaria; establecimiento de unos límites, mínimo y máximo, en el índice de inclusión de cada centro educativo; garantía de una auténtica gratuidad en todos los centros sostenidos con fondos públicos; y la creación de zonas de escolarización de tamaño medio, para cubrir poblaciones heterogéneas en su configuración social.

En definitiva, en este asunto la educación pública se juega su razón de ser. Es incompatible la segregación escolar con un sistema que tiene entre sus principios la equidad y la inclusión social. Pero además, deben tenerse en cuenta las tremendas consecuencias negativas a que da lugar cualquier tipo de segregación social y, por tanto, educativa. Se trata de responder políticamente al dilema: una escuela auténticamente pública para todos, versus cada clase social con su escuela.

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