La regulación al emprendimiento

Facebook, Glovo o Cabify. Todas ellas fueron fruto de la innovación y rápido desarrollo en el panorama económico, y fundamentalmente en el tecnológico, del ecosistema de las startups. Aunque el desarrollo legal de su regulación no ha crecido al mismo ritmo que el propio ecosistema, es cierto que en los últimos tiempos las diferentes administraciones públicas están priorizando buscar una cobertura económica y jurídica al emprendimiento en general.

En este marco, el Gobierno recientemente inició el procedimiento legislativo para someter al trámite de consulta pública la futura Ley de Fomento del Ecosistema de Startups, señalando que España necesita un modelo productivo basado en la innovación y un modelo económico apoyado en el emprendimiento. Se pretende así establecer un entorno normativo en el que se desenvuelvan nuestros emprendedores y startups, para alcanzar la madurez y lograr el éxito. Cinco años después de la última norma relacionada con este ecosistema, que data de 2013, se pretende dar con esta nueva Ley un impulso al emprendimiento tecnológico e innovador.

Actualmente, la actividad de las startups se enmarca dentro de diversas leyes de naturales mercantil o tributaria que no tienen en cuenta sus peculiaridades y les imponen requisitos excesivamente gravosos. De hecho, ni siquiera existe en nuestra legislación estatal una norma que defina lo que se entiende por startup. Esta consulta pretende recabar la opinión de todos los agentes interesados -ciudadanos, inversores y entidades- para que contribuyan a delimitar los aspectos a tener en cuenta a la hora de desarrollar un marco legal, adaptado a las singularidades del emprendimiento tecnológico. Desde la definición de conceptos clave hasta los requisitos a cumplir por inversores privados, pasando por el derribo de barreras legales y burocráticas.

También a nivel autonómico empiezan a mover ficha, conscientes de la importancia de este desarrollo económico exponencial para el tejido productivo de nuestra comunidad: hace escasos meses se publicó la Ley de Fomento del Emprendimiento de Andalucía (Ley 3/2018, de 8 de mayo). Aun sin mencionar específicamente a las startups, se interpreta como el mayor impulso hasta la fecha en Andalucía a la actividad emprendedora como fuente de desarrollo profesional y personal. Esta norma prevé la prestación de servicios a cualquier persona que haya decidido poner en marcha una idea ofreciéndole asesoramiento, formación y acompañamiento para que su proyecto empresarial de consolide y genere empleo de calidad. Todo ello apoyándose en los 260 Centros Andaluces de Emprendimiento (CADE).

Lo cierto es que el ecosistema de las startups andaluzas se ha desarrollado a través de la consolidación de empresas, celebraciones de foros y la proliferación de agentes públicos y privados en torno al mismo. Entre estos agentes se incluye una extensa red de incubadoras -en su gran mayoría públicas-, que por lo general suelen ser un espacio físico con algunos servicios básicos que acogen a las startups en las fases iniciales ofreciéndoles asesoramiento durante un tiempo limitado hasta su despegue. También forman parte de este ecosistema las aceleradoras, que suelen ser de carácter privado, siendo su principal target las startups que han logrado atravesar la fase inicial y tienen ya un cierto recorrido, intentando acelerar su desarrollo mediante programas de formación, mentoring, ayuda para la captación de clientes o de financiación, etc. Y por último no podemos dejar de nombrar a las venture capital y a los business angels, inversores fundamentales de este ecosistema.

El resultado de todo ello es una proliferación en nuestro mercado de iniciativas con una gran base tecnológica. Mención especial requieren, por la idiosincrasia andaluza en el entorno agrario, las llamadas agrotech. Efectivamente, el sector agrario andaluz se ha visto beneficiado en los últimos tiempos por los avances tecnológicos, y es en este sector tan importante en Andalucía donde han surgido innumerables iniciativas emprendedoras que aúnan tecnología y agricultura, propiciando grandes avances en el campo para mejorar la producción agrícola, avances que van desde el uso de drones para labores de vigilancia y prevención o estudios agrícolas de terrenos, a soluciones o desarrollos concretos para control de costes, plataformas logísticas de transportes de mercancías, etc.

En definitiva, no podemos ignorar que se trata de un campo de abono que tiene que ser cultivado, y que estas iniciativas son una forma de dar espacio a un gran número de emprendedores andaluces que estaban faltos de una regulación específica. En concreto, la consulta pública lanzada por el Gobierno en relación con la Ley de Fomento del Ecosistema de Startups abre una oportunidad de debate única para conseguir una regulación normativa que se adecúe a las circunstancias propias de este tipo de proyectos, y solvente las necesidades y problemas con los que se encuentran todos los operadores de este ecosistema.