El convenio que deberían haber firmado hace tiempo la Junta y el Gobierno de la nación para que los trenes de Media Distancia de la línea Sevilla-Málaga puedan circular por la nueva variante de Aguadulce, terminada desde hace 18 meses, está "parado".

Así lo han admitido este miércoles -cuando se cumplen dos años del corte de la vía tras las riadas que destruyeron el puente sobre el río Blanco-  fuentes de Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que responsabilizan del parón a las enmiendas introducidas por la Dirección General de Patrimonio de la Junta sobre el borrador que consensuaron en febrero el ministerio y la Consejería de Fomento, en una reunión en Madrid.

Según han precisado, aquel "convenio básico", una mutación demanial (básicamente una compra: la Junta cede la propiedad de la plataforma del Eje Ferroviario Transversal sobre el que Adif construyó las vías a cambio de unos pagos del Estado) tuvo una tramitación rápida. A principios de marzo, ya estaba en poder de la Consejería de Fomento y, según Adif, recibió el visto bueno de los servicios jurídicos de ésta y del letrado mayor de la Junta, con pocos cambios. El consejo de administración de Adif llegó a autorizar la firma.

Ha sido después cuando la Dirección General de Patrimonio, de la Consejería de Hacienda, ha introducido cambios que, según Adif, han complicado la tramitación jurídica. La figura de la mutación demanial sigue siendo la misma, pero "algunas enmiendas se pueden aceptar, otras se convierten en un galimatías", por distintas interpretaciones o diferencias entre las leyes de Patrimonio andaluza y estatal.

La entidad del ministerio subraya que los cambios llevan a un "galimatías jurídico", que complica la tramitación

Las diferencias no afectan a la cantidad que el Estado pagará por la cesión de la plataforma (sobre la que la Junta pretendía construir un AVE andaluz, que se descartó) y que rondarían los 30 millones de euros, que se traspasarían en varias anualidades, como pidió la administración andaluza. "La Junta ha optado por la complejidad jurídica, entramos en el tema de la interpretación legal, que no se resuelve en un chasquido", insisten desde del organismo del ministerio.

Consultados sobre estos cambios, fuentes de la Consejería de Hacienda han subrayado que lo que se convenió en marzo no contó su participación, que empezó a trabajar sobre el convenio en verano "porque es competente para la venta de los terrenos".

"Esta consejería debe velar para que se garantice la venta y el pago de los terrenos en un plazo determinado y fijado en el convenio, plazo cierto. En el caso contrario, es decir, que esa transmisión no se hubiera producido, la Consejería de Hacienda considera que debería quedar extinguida la concesión demanial. Por supuesto, con todas las garantías para el Estado en los supuestos de incumplimiento por la Junta. Este punto es el que el Estado no acepta", precisan desde Hacienda.

La Junta insiste en que los trenes pueden circular, excepcionalmente, con la cesión de uso que se utilizó para la obra

Así, apuntan que Fomento no acepta una cláusula en que recoge que "si transcurrida la vigencia del convenio y de su prórroga no se hubiese culminado la transmisión patrimonial se entenderá extinguida la concesión demanial". No obstante, "se exceptúa el supuesto de que la transmisión no se haya podido realizar porque la Junta no tiene disposición de los terrenos a vender".

En el caso de que el convenio no se cumpla por causa de la Junta, está se "compromete a indemnizar a Adif al menos el importe de las inversiones y gastos realizados en el tramo concesionado".

Desde Hacienda, inciden en que el Ministerio tiene, desde 2019, una cesión de uso, que, según la Junta, "les permitiría poner el tren en funcionamiento". Este argumento ha sido una constante de la administración andaluza, ya que fue lo que permitió que Adif entrara en la plataforma para ejecutar la obra, si bien la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria ha considerado que no sirve para que los trenes circulen y que, para autorizarlo, la infraestructura debe estar integrada a todos los efectos en la red ferroviaria de interés general del Estado.

Adif subraya que su único interés es que se use la variante que construyó

"Es absurdo pensar que el Ministerio se gaste en una obra de emergencia más de nueve millones de euros y que ahora no tenga interés en que se abra", han subrayado desde Adif, que niega que haya habido dejadez por su parte. También reconocen la incongruencia de que con la variante lista para usar se sigan haciendo transbordos por carretera entre las estaciones de Osuna y Pedrera, en los que Renfe podría llevar gastados alrededor de millón y medio de euros.

Desde Adif también aseguran que se trasladó a la Consejería de Fomento que se buscara la forma de poner en servicio la línea y luego se resolvieran las cuestiones ténico-jurídicas, y "no perjudicar al contribuyente que nos paga para que resolvamos los problemas".