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El Ayuntamiento de San Juan se querellará por el desahucio "injusto" de un vecino con discapacidad

  • Asegura que se habían ofrecido a la entidad ejecutora garantías suficientes para que aceptara un alquiler social.

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El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, gobernado por el socialista Fernando Zamora, ha informado este martes de que un vecino de la localidad aquejado de discapacidad ha sido desahuciado de su vivienda esta misma jornada merced a una orden judicial derivada de las acciones emprendidas por Caja Rural, a cuenta de los impagos en los que habría incurrido este hombre respecto al préstamo hipotecario gracias al cual adquirió el piso.

La vivienda en cuestión está ubicada en el bloque de pisos correspondiente al número 13 de la avenida de Palomares, en el Barrio Alto de San Juan de Aznalfarache, según han informado fuentes municipales, según las cuales los problemas de este vecino con Caja Rural se remontan a tiempo atrás, pues ya en 2017 habría mediado un "intento" de desahucio como consecuencia de los impagos de la hipoteca.

No obstante, entonces dicho desalojo fue suspendido con la idea de entablar una negociación con la que lograr una salida consensuada al conflicto, según el Ayuntamiento.

Venta a un fondo buitre

Sin embargo, este martes ha sido consumada la orden de desahucio dictada por un juzgado sobre la vivienda en cuestión, merced a las acciones judiciales promovidas por Caja Rural. La concejal de Protección a la Vivienda, María José Quesada, ha manifestado al respecto que se trata de un desahucio "injusto" porque aunque hace un año se acordó "negociar un alquiler social" para este vecino, finalmente Caja Rural ha "rechazado las propuestas" planteadas para solucionar el asunto.

Y es que el vecino desahuciado, con arraigo en San Juan, "tiene una discapacidad y está pendiente de recibir una pensión con la que habría podido hacer frente al alquiler social", toda vez que el Ayuntamiento se comprometía "a hacer frente al pago del alquiler social entretanto se solventaba su situación económica".

Según explica Quesada, la intención de Caja Rural es vender la vivienda "a un fondo buitre, para lo que alega que esta persona no cumple los requisitos que contempla el Real Decreto Ley de medidas de protección a los deudores hipotecarios sin recursos". Frente a ello, la edil alega que "se estaba ofreciendo a la entidad bancaria las garantías suficientes para que aceptase un alquiler social".

Así las cosas, el Ayuntamiento ha puesto un camión a disposición del vecino para el traslado de sus enseres personales y costeará su alojamiento en un hostal, anunciando que va a iniciar inmediatamente las gestiones para que se le conceda un alquiler social. También se contactará con la Junta de Andalucía, ya que este vecino está dado de alta en el Sistema Andaluz de Información y Asesoramiento Integral en materia de Desahucios (SAID).

El Ayuntamiento, además ha anunciado que denunciará a Caja Rural por ejecutar un desahucio que considera "injusto" y cerrará "cualquier cuenta bancaria" que pudiera tener en esta entidad, a la que reclama que "reconsidere su postura y acepte la realización de un alquiler social para salvar la situación de este vecino que, además carece de redes familiares en la localidad en las que apoyarse".

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